El escenario electoral en la región Áncash vuelve a ingresar a un terreno sumamente gris debido al incumplimiento de las normativas básicas de la función pública. En las últimas semanas se ha puesto bajo la lupa la actividad de Flormila Mirian Colonia Armas, actual trabajadora del Gobierno Regional de Áncash, quien viene participando activamente en actividades proselitistas y de captación de votos a favor del partido Podemos Perú, presuntamente utilizando las prerrogativas de su cargo y sin haber solicitado la licencia sin goce de haber que exige de forma estricta la ley.
Esta situación vulnera flagrantemente el Decreto Supremo N° 054-2025-PCM, marco normativo que establece con total claridad las disposiciones sobre la neutralidad de los funcionarios, directivos y servidores públicos durante el actual Periodo Electoral. La norma prohíbe de manera tajante que cualquier servidor emplee su posición o los recursos del Estado para favorecer o perjudicar a determinada organización política o candidato.
La infracción de los deberes de neutralidad consignados en la normativa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Código de Ética de la Función Pública (Ley N° 27815) conlleva responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal.
En el plano administrativo-disciplinario, y bajo las reglas del procedimiento sancionador del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Ley del Servicio Civil (Servir), la servidora Colonia Armas podría afrontar desde una suspensión temporal hasta la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de hasta 5 años, dependiendo de la gravedad y la reiteración de los actos de proselitismo.
En el ámbito penal, el presunto uso indebido de recursos del Estado, de comprobarse, y la inducción al voto aprovechando un cargo público configuran posibles delitos contra la administración pública y delitos electorales, los cuales están penados con sanciones que incluyen la privación de la libertad.
Este actuar de la servidora regional no parece ser un hecho aislado, sino una estrategia coordinada que deja serias dudas sobre la solvencia ética de los líderes de la campaña de Podemos Perú en la región cuyos lideres visibles son Jabico Robles Blácido y Betto Barrionuevo Romero.
Por un lado, Jabico Robles, exalcalde de Olleros, cuenta con un recorrido político marcado por constantes tensiones administrativas, investigaciones fiscales y denuncias sobre el manejo presupuestal durante su gestión municipal, lo que ha generado un sistemático rechazo de sectores que demandan pulcritud en el gasto público. Por el otro, el excongresista Betto Barrionuevo mantiene una trayectoria donde las alianzas de comodidad y los cuestionamientos a sus promesas legislativas han erosionado su credibilidad de manera irreversible en las provincias de la región.
El hecho de que la campaña de Podemos Perú en Áncash dependa del presunto aprovechamiento de trabajadoras del Gobierno Regional para acarrear apoyo electoral expone una profunda debilidad estructural. Lejos de proponer un debate programático limpio, la incorporación de prácticas que desafían de forma abierta las restricciones de la PCM evidencia la urgencia de estos líderes por capturar el poder a cualquier costo, recurriendo a los viejos vicios de la política que la ciudadanía ancashina tanto rechaza.
Los entes fiscalizadores, como la Contraloría General de la República y el Jurado Electoral Especial, tienen ahora la responsabilidad de actuar de oficio para determinar las sanciones correspondientes e impedir que el aparato estatal de Áncash se convierta en la portátil de una campaña partidaria.
