El Órgano de Control de la Institución emitió un informe de evaluación con el número 001-2026-OCI/4513-SOO y con fecha 24 de abril de 2026. El documento de investigación señala observaciones de preocupación sobre la entrega de viáticos y de encargos a los servidores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaraz. La falta de normas de regulación pone en riesgo la administración de los recursos del Estado.
La primera irregularidad detalla que la entidad autoriza viáticos por comisiones de servicios a los trabajadores sin la existencia de una directiva en vigencia. El análisis de la Contraloría explica que la institución carece de un reglamento para los procesos de asignación de dinero y de rendición de cuentas desde el cese de una directiva del año 2023. La falta de este documento impide el conocimiento del uso de los fondos de la entidad con el fin de asegurar el logro de los objetivos de la institución. Esta omisión vulnera las normas de control que exigen la asunción de responsabilidades y la justificación por el uso de los recursos de la nación por parte de todo el personal.
En segundo lugar, la institución también aprueba gastos bajo la modalidad de encargos de interior sin una directiva en vigencia. Un oficio con fecha 24 de abril de 2026, con la firma de Julio Cesar Hualpa Espinoza, contador de la entidad, confirma la carencia de reglas de regulación para la entrega y el control de estos fondos. El informe indica que este escenario evita el monitoreo de las operaciones en la entidad, lo que impide la adopción de acciones de prevención frente a las deficiencias. La entrega de dinero en efectivo a través de esta modalidad ocurre ante la imposibilidad de procedimientos de adquisición con regularidad.
Ante la gravedad de los hallazgos, Jesús Rolando Mendoza Caro, jefe de control en la institución, envió un documento a Daniel Angel Almeyda Medina, director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaraz, para la notificación de los hechos. El documento otorga un plazo con un máximo de cinco días de trabajo para la comunicación de las acciones de corrección y de prevención. El objetivo de este pedido exige la garantía del uso de los fondos del Estado frente a la ejecución de las actividades de los servidores de la entidad.
