La Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Huaraz dispuso el inicio de un procedimiento preventivo ante la comunicación de presuntas irregularidades en el proceso de licitación pública para el mejoramiento de la red de transitabilidad vial interurbana en la provincia de Antonio Raymondi. La intervención busca determinar si los funcionarios del Gobierno Regional de Áncash actuaron conforme a la normativa vigente o si incurrieron en omisiones para favorecer al postor ganador.
Los hechos materia de investigación se centran en la Licitación Pública N° LP-SM-2-2025-GRA/CS-1. Según los documentos presentados ante la autoridad fiscal, el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Antonio Raymondi quedó administrativamente firme el 11 de noviembre de 2025, tras la resolución emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Conforme al artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, el postor adjudicado contaba con un plazo de ocho días hábiles para presentar la totalidad de los requisitos necesarios para perfeccionar el contrato.
El plazo legal para la entrega de dicha documentación venció el pasado 21 de noviembre. No obstante, se ha advertido que el consorcio no cumplió con presentar los requisitos, entre los que se incluyen las garantías de solvencia económica, dentro del periodo establecido. De acuerdo con la normativa de contrataciones, ante este incumplimiento, la entidad pública tiene la obligación de declarar automáticamente la pérdida de la buena pro y convocar al postor que ocupó el siguiente lugar en el orden de prelación en un plazo máximo de dos días hábiles.
A pesar de lo estipulado en la ley, los funcionarios de la Gerencia de Administración, la Jefatura de Logística y los miembros del Comité de Selección del Gobierno Regional no habrían formalizado la pérdida de la buena pro. Por el contrario, la entidad habría continuado con el trámite, lo que motivó la solicitud de intervención fiscal ante la posibilidad de que se configure el delito de colusión, tipificado en el artículo 384 del Código Penal.
En respuesta a la solicitud, el despacho fiscal ordenó la realización de una constatación en las instalaciones de la Gerencia de Administración del Gobierno Regional de Áncash el día 2 de diciembre. La diligencia tuvo como finalidad recabar información directa y verificar el estado del expediente de contratación para confirmar si se respetaron los plazos legales y las condiciones exigidas para la firma del contrato. Las autoridades pertinentes analizan actualmente la documentación para determinar las responsabilidades legales que correspondan.
