Un lapidario informe de la Contraloría General ha puesto al descubierto una serie de graves irregularidades en la obra de «Reconstrucción de la Av. Antonio Raymondi», un proyecto clave para la ciudad de Huaraz.
El documento, que evalúa el reinicio de los trabajos el pasado 2 de julio de 2025, expone una gestión deficiente por parte de la Municipalidad Provincial de Huaraz que no solo pone en grave riesgo la integridad física de los ciudadanos, sino que también abre la puerta a posibles sobrecostos y pagos por trabajos no ejecutados por un monto de hasta S/ 19,116.52, además de comprometer la durabilidad misma de la obra al planificar el uso de materiales que no cumplen las normas técnicas.
La primera y más visible falencia es la alarmante falta de seguridad. En una inspección física realizada el 8 de julio de 2025, los auditores constataron que el «Consorcio Raymondi», ejecutor de la obra, y el «Consorcio BM Ingenieros», encargado de la supervisión, operan en un entorno de absoluto descontrol. Maquinaria pesada, como retroexcavadoras y volquetes, realiza la demolición del pavimento y el carguío de desmonte sin la más mínima señalización de advertencia, sin personal vigía que alerte del ingreso y salida de vehículos, y sin delimitar zonas seguras para el tránsito de peatones y vehículos. La intersección de la Av. Raymondi con la Av. Luzuriaga, por ejemplo, fue encontrada en un estado de congestión y caos, sin personal que gestione el tránsito ni carteles que indiquen las restricciones. Esta omisión no solo incumple la Norma Técnica G.050 de «Seguridad durante la Construcción», sino que ignora la cláusula décimo quinta del propio contrato, que estipula penalidades específicas por la falta de dispositivos de seguridad.
Más allá del peligro inmediato, el expediente técnico de la obra, aprobado por la gestión municipal, presenta incongruencias técnicas de tal magnitud que cuestionan la viabilidad y funcionalidad del proyecto. El sistema de drenaje pluvial, una de las partes más críticas, está plagado de contradicciones. Mientras los planos de construcción detallan secciones de canal con profundidades de hasta 2.88 metros, el estudio hidrológico que sustenta la necesidad técnica de la obra solo justifica alturas de 1.55 metros. Esta discrepancia no es menor: obliga a realizar excavaciones más profundas de lo necesario, lo que desestabiliza el terreno —provocando deslizamientos de material aluvial como se observó en la progresiva 0+00— y podría requerir trabajos no presupuestados, como el entibado de zanjas, para evitar colapsos.
Las inconsistencias continúan en todo el sistema. Los planos del drenaje pluvial existente, como el llamado «Canal Tapado N°2», no se corresponden con lo verificado en campo por los propios auditores mediante un levantamiento topográfico. Se aprobó la reposición de la losa superior de un canal cuyas dimensiones en los planos (sección única de 0.80m x 1.0m) no coinciden con las medidas reales y variables encontradas a lo largo de la avenida. Lo mismo ocurre en los empalmes proyectados: las alturas de los canales que deben unirse son distintas en los planos (2.88m en la Av. Raymondi y 2.45m en la Av. Gamarra), generando una incompatibilidad estructural que evidencia una falta de rigor técnico en la elaboración y aprobación del expediente.
El desorden técnico se traduce directamente en un riesgo para el dinero público. El informe de la Contraloría es contundente al señalar que el metrado para la partida «03.01 Demolición de pavimento» está inflado. El expediente técnico considera demoler 7,918.22 metros cuadrados, cuando el área real a intervenir es de solo 7,005.00 metros cuadrados. Esta diferencia de 913.22 metros cuadrados, de ser valorizada y pagada sin la corrección debida, representaría un desembolso indebido de S/ 19,116.52.
Finalmente, como si fuera poco, la calidad de la futura obra ya está comprometida desde los documentos. El material de afirmado para la sub base, proveniente de la cantera de Ichoca y aprobado en el expediente, incumple flagrantemente la Norma Técnica CE.0.10 Pavimentos Urbanos. Los ensayos de laboratorio revelan que este material tiene un límite líquido de 32.64%, cuando el máximo permitido es de 25%, y un índice de plasticidad de 10.56%, superando abrumadoramente el máximo tolerable de 4%. Utilizar este material deficiente podría ocasionar fallas prematuras en el pavimento, reduciendo la vida útil de una obra que, en papeles, tiene un costo total de inversión de S/ 7,938,500.48.
