La Contraloría General emitió un informe de Acción de Oficio Posterior N° 003-2025-OCI/0346-AOP que expone graves irregularidades en los procesos de contratación de especialistas bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en la Municipalidad Provincial de Yungay.
El documento, del 3 de abril de 2025, detalla que 7 postulantes fueron declarados «aptos» y adjudicados en plazas clave, pese a no alcanzar el puntaje mínimo establecido en las bases de los concursos.
Los procesos CAS N° 003 al 009-2024-MPY, destinados a cubrir 15 plazas en áreas como Recursos Humanos, Gestión Ambiental y Turismo, fueron evaluados por un comité integrado por Gary Yudith Herrera Jara (gerente de Administración y Finanzas), Xiomara Mayra Rosales Torres (gerente de Asesoría Jurídica) y José Ricardo Chinchay Sánchez (gerente de Planificación y Presupuesto). Sin embargo, la Contraloría identificó que seis postulantes avanzaron a la etapa de entrevista personal sin superar los 40 puntos requeridos en la evaluación curricular, mientras que uno recibió puntaje por capacitaciones no relacionadas al perfil.
Elizabeth Luz Rivas Ibáñez (CAS N° 004-2024-MPY): Obtuvo 33.8 puntos en evaluación curricular (frente a los 40 mínimos) y fue contratada como «Especialista en Orientación y Fiscalización». El comité le otorgó 1.4 puntos por un diplomado en «Nuevo Código Procesal Penal», ajeno al cargo. Liz Xiomara Duran León (CAS N° 005-2024-MPY), adjudicada en la División de Turismo con 38 puntos. Incumplió el requisito de foliación en su documentación, exigido en las bases.
Y Johny Marco Losza Rojas (CAS N° 008-2024-MPY) acreditó cursos sin las 90 horas mínimas (como uno de 11 horas) y recibió 7 puntos por especializaciones no válidas. Pese a ello, fue contratado en Estadística y Sistemas.
El informe señala que las bases establecían claramente que la evaluación curricular era «eliminatoria» y requería un mínimo de 40 puntos. Además, los postulantes debían presentar documentos foliados y capacitaciones relacionadas al cargo, requisitos ignorados por el comité. La Contraloría advierte que estos actos vulneraron el Decreto Legislativo N° 1057 (que garantiza meritocracia) y la Ley Marco del Empleo Público.
La Contraloría instó al alcalde José Antonio Romero Jara a adoptar «acciones inmediatas» y deslindar responsabilidades ya que el caso podría terminar en denuncia penal por presunta corrupción y posterior sentencia por el aparente favorecimiento. El plazo para presentar un plan correctivo venció el 24 de abril de 2025, pero hasta ahora no hay información pública sobre sanciones o rectificaciones.
