El procurador anticorrupción de Áncash, Martín Gómez Arquiño, ha revelado una preocupante estrategia utilizada por autoridades procesadas por corrupción: la transferencia de bienes a terceros para evitar que sean embargados por el Estado.
Esta práctica dificulta la recuperación de los fondos sustraídos y obstaculiza la labor de la Procuraduría.
Gómez Arquiño informó que la entidad enfrenta una carga procesal de 2,750 casos en diversas etapas judiciales, muchos de los cuales siguen en trámite. Sin embargo, un problema recurrente en la ejecución de sentencias es la transferencia de bienes por parte de los condenados, quienes, antes de la resolución final, ponen sus propiedades a nombre de terceros para evitar que sean embargadas por el Estado.
El procurador también expresó su preocupación por las estrategias de defensa de las autoridades denunciadas por corrupción. Según explicó, muchos de los acusados cuentan con equipos de abogados, en su mayoría provenientes de Lima, quienes presentan apelaciones que terminan llegando a la Corte Suprema. En esta instancia, las sentencias logradas en los tribunales de Áncash son revocadas, lo que permite la liberación total de los implicados.
