El Coordinador regional de la Juntas Vecinales y vecino del barrio Shancayan, revelo que miles de habitantes del Barrio de Shancayan se encuentran sin agua potable desde hace varios días, luego de que la EPS Chavín cortara el suministro debido a la morosidad en el pago de dos recibos y un saldo pendiente del mes de marzo de 2024. La deuda total asciende a S/5,022.70, más el consumo de abril y mayo.
La situación ha generado gran malestar entre los vecinos, quienes denuncian que la falta de agua potable es constante y que la Junta Administradora de Agua y Saneamiento (JAAPSHAN), presidida por la Sra. Yolanda Angélica Quito Camones, no ha tomado las medidas necesarias para resolver el problema.
Además de la morosidad, los vecinos también denuncian presuntas irregularidades en la gestión de la JAAPSHAN. Acusan a la Sra. Quito de incompetencia y señalan que la Junta solo ofrece servicio de agua por una o dos horas al día, o incluso no abastece en absoluto.
Asimismo, cuestionan la experiencia de la Sra. Quito para el cargo, ya que solo lleva un mes en el puesto y no cuenta con experiencia previa en gestión de agua potable.
La situación legal de la JAAPSHAN también es preocupante. Se informa que la Junta opera de forma ilegal, ya que supera el límite de 2,000 habitantes para JAAS en zonas rurales. Shancayan, al ser zona urbana, debería tener otro tipo de administración.
Además, se ha informado que la actual Junta Directiva no podrá inscribirse en los Registros Públicos, lo que pone en duda la legalidad de su gestión.
La falta de agua potable genera un riesgo para la salud de los vecinos del Barrio de Shancayan. La exposición a condiciones de saneamiento deficiente puede provocar enfermedades como diarrea, disentería, hepatitis A y otras.
Ante esta grave situación, los vecinos de Shancayan hacen un llamado a las autoridades competentes para que investiguen las denuncias y tomen las medidas necesarias para restablecer el servicio de agua potable de manera legal y eficiente.
Es importante recordar que el acceso a agua potable es un derecho humano fundamental. Las autoridades deben garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a este servicio básico para proteger su salud y bienestar.
