Un incidente de violencia se registró en la Plaza de Armas de la provincia de Huari, donde periodistas de medios como Paccha Noticias y Tukuhuaganga fueron agredidos físicamente mientras realizaban su labor informativa. El ataque fue protagonizado por el alcalde del centro poblado de Rancas, Gilberto Alarcón Álamo, el presidente de la comunidad y familiares de las autoridades, según medios locales. La agresión ocurrió cuando los comunicadores entrevistaban a los integrantes del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo (FREDIP), liderado por el abogado Ivo Cotrina Mogollón, quienes denunciaban graves irregularidades en la conformación del nuevo padrón electoral de su localidad.
El origen del conflicto radica en la reciente designación del comité, el cual, según los representantes del FREDIP, fue elegido sin la convocatoria de más del 80 % de la población y está integrado por personas ajenas a la comunidad. Cotrina Mogollón sostiene que la organización de este proceso correspondía a la Municipalidad Provincial de Huari y advierte que el padrón actual incluye cerca a 1000 electores foráneos. Por su parte, el alcalde Alarcón Álamo defendió su gestión argumentando que actuó bajo el encargo provincial, aunque habría admitió públicamente la existencia de «votantes golondrinos» tras las recientes verificaciones domiciliarias. Ante estos hechos, el FREDIP ha solicitado formalmente al alcalde provincial de Huari, Lorgio Ríos Ocaña, la nulidad total del proceso electoral.
La situación específica en Rancas expone una problemática de mayor escala que afecta a todo el distrito de San Marcos. Reportes y denuncias recientes apuntan al alcalde distrital, Manuel Ugarte, quien ha sido acusado de facilitar el traslado de aproximadamente 8000 votantes foráneos hacia su jurisdicción. Dirigentes locales interpretan que la insistencia de las autoridades de Rancas por defender padrones alterados responde a una estrategia mayor vinculada a la administración distrital. El registro de estos ciudadanos busca alterar la demografía electoral para influir directamente en los resultados de las próximas elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2026.
En medio de estas irregularidades denunciadas y documentadas, la inacción de las entidades responsables de la fiscalización ha generado un clima de desconfianza. Diversos sectores ciudadanos cuestionan el mutismo del administrador de la oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) Huaraz, Adson Callupe. A pesar de que las propias autoridades locales reconocen la presencia de votantes golondrinos y de las denuncias sobre el traslado masivo en San Marcos, la jefatura registral no ha emitido ningún pronunciamiento oficial ni ha implementado medidas correctivas visibles. Las organizaciones civiles señalan que esta falta de respuesta institucional facilita la consolidación del presunto fraude en el padrón, levantando sospech
