
Un caso que podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en la región de Áncash estaría en riesgo de ser archivado. La Carpeta Fiscal 2024-983, que contiene una investigación por enriquecimiento ilícito contra el actual alcalde de San Marcos, Manuel Carlos Ugarte Medina, y su círculo más cercano, estaría a punto de ser desestimada por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, específicamente por el Segundo Despacho de Lavado de Activos a cargo del fiscal Lucho Rolando Díaz Tamara.
Entorno más cercanos
La denuncia, formulada por la Procuraduría Anticorrupción, involucra a nueve personas, incluyendo a la esposa del alcalde, Lesly Gonzales Alfaro, su hermano Analio Beto Ugarte Medina, cinco primos que serían personas de confianza del burgomaestre (Wagner Garay Ugarte, Klinton Araujo Ugarte, Liver Liviano Araujo Ugarte, Wilber Nicanor Garay Ugarte y Odión Caballero Ugarte), además de Heraclio Ildefonso Cueva Jiménez, vinculado a este grupo.
Mucha plata
El alcalde Ugarte Medina, quien asumió el cargo tras las Elecciones Municipales de 2022 por el movimiento regional Socios por Áncash, ha sido objeto de diversos cuestionamientos durante su gestión. Según su declaración jurada, antes de asumir el cargo municipal, Ugarte reportó ingresos anuales por S/. 300,000.00 provenientes del sector privado. Los involucrados poseerían participación accionaria en algunas empresas como Ugarteche E.I.R.L., Constructora Río Tinto E.I.R.L., entre otros.
Muchas propiedades
La investigación habría revelado que tanto el alcalde como su entorno más cercano estarían adquiriendo bienes muebles e inmuebles a nivel nacional, mostrando signos exteriores de riqueza que no corresponderían con sus ingresos declarados. Entre estos bienes se encontrarían la organización de multimillonarias fiestas, propiedades, modernas camionetas, departamentos y empresas.
Quedaría en nada
Fuentes confiables cercanas a la Fiscalía señalan que, pese a la existencia de evidencias consideradas «contundentes», el caso estaría próximo a ser archivado en primera instancia, lo que generaría preocupación sobre el trabajo y resultados del proceso y la efectividad del sistema judicial en la lucha contra la corrupción.
Excusa perfecta
Es importante señalar que, según índices sobre casos de corrupción en el Perú, una de las principales causas de archivamiento en etapa preliminar es que «el hecho no constituye delito», representando hasta un 84% de los casos archivados en algunas jurisdicciones. Esta tendencia podría estar repitiéndose en el presente caso, generando mucha controversia sobre la efectividad del sistema de justicia para perseguir delitos contra la administración pública.
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