La anhelada construcción del complejo de «Servicios Deportivos, Recreativos y de Esparcimiento» en la ciudad de San Marcos, provincia de Huari, presenta un preocupante panorama de irregularidades que comprometen su calidad, seguridad y viabilidad. Un detallado informe de la Contraloría General de la República evidencia una cadena de fallas en la ejecución, una supervisión deficiente y una aparente falta de control por parte de la Municipalidad Distrital de San Marcos, cuya gestión la encabeza el cuestionado alcalde Manuel Ugarte Medina acusado de incapacidad durante su gestión.
No respetan el expediente
El Informe de Hito de Control N° 013-2025-OCI/1146-SCC, emitido tras una evaluación realizada entre el 12 y el 26 de agosto del 2025, documenta cómo el Consorcio FASA, contratista a cargo de la obra, incumple sistemáticamente con las especificaciones del expediente técnico aprobado. Durante la inspección física, se constató que las columnas de concreto armado presentan un recubrimiento de acero de apenas 2.5 cm, cuando los planos estructurales exigen un mínimo de 4 cm para garantizar la protección contra la corrosión y asegurar la vida útil de la estructura. A esta grave deficiencia se suma que los alambres utilizados para fijar los estribos en columnas y vigas se encontraron flojos o sueltos, afectando la correcta conformación del esqueleto de acero.
Material malográndose
La gestión de materiales en la obra también fue objeto de severas observaciones. Se encontraron bolsas de cemento a granel (Big Bag) en contacto directo con el suelo y cubiertas de forma parcial, lo que expone el material a la humedad y a un proceso de endurecimiento prematuro que afecta su calidad. De igual manera, las varillas de acero corrugado se almacenan a la intemperie, sobre el suelo y en visible proceso de oxidación, para luego ser utilizadas en las armaduras estructurales, una práctica que reduce la adherencia con el concreto y compromete la integridad de la edificación.
Cobran por algo que no hacen
El descontrol se extiende a partidas tan básicas como las obras provisionales. El expediente técnico presupuestó el alquiler de un almacén y un comedor por S/ 7,800.00; sin embargo, el contratista optó por construir un almacén provisional dentro de la obra y omitió por completo la instalación de un comedor para los trabajadores. Además, el cerco perimétrico provisional, fundamental para la seguridad, no ha sido instalado en su totalidad, dejando zonas vulnerables. El informe también revela que la eliminación de desmonte no se realiza de forma periódica como exige el expediente, encontrándose seis montículos de escombros acumulados dentro del área de trabajo.
Ingeniero residente y supervisor ausentes
Quizás uno de los hallazgos más alarmantes es la falta de dirección técnica permanente en la obra. El informe de Contraloría revela que personal clave, tanto del contratista como de la supervisión, no cumple con la permanencia requerida. Se documentó la ausencia injustificada del ingeniero de seguridad, el especialista en instalaciones sanitarias, el especialista en instalaciones eléctricas y el especialista en suelos y geotecnia durante las inspecciones.
Ingenieros ausentes por “dobleteo”
La situación se agrava al descubrir que profesionales que deberían dedicar su tiempo de forma exclusiva al proyecto figuran trabajando simultáneamente en otras obras del Estado. El ingeniero residente de la obra, Oscar Elmer Chávez Mejía, aparece también como residente y supervisor en otros tres proyectos en Quinuabamba, Jangas y Chiquián. De igual forma, Genaro Antonio Beas Bernuy, especialista en estructuras del contratista, y Jaime Rodolfo Lemus Orellano, especialista eléctrico, registran participaciones en paralelo en otras cuatro y una obra pública, respectivamente.
La supervisión, a cargo del Consorcio Supervisor Perú A&F y que tiene la responsabilidad de garantizar la correcta ejecución, parece replicar este esquema. Sus especialistas en estructuras, Aldo Viterbo Villacorta Díaz, y en suelos, Iván Orlando Encarnación Giraldo, también figuran con dedicación a tiempo completo en otros proyectos públicos en Huacachi y Corongo. Esta participación simultánea en múltiples frentes hace materialmente imposible una supervisión directa y permanente, dejando la millonaria obra sin el control técnico adecuado y abriendo la puerta a pagos por servicios profesionales no prestados en su totalidad.
Construyen en terreno ajeno
Finalmente, el informe de la Contraloría expone una falla fundamental que amenaza con paralizar todo el proyecto pues la Municipalidad de San Marcos no ha acreditado la disponibilidad legal de la totalidad del terreno. Mientras los planos del proyecto contemplan un área de 11,542 metros cuadrados, la partida registral en SUNARP a nombre de la municipalidad solo ampara 8,600 metros cuadrados. Esta diferencia de casi 3,000 metros cuadrados significa que una parte significativa de la obra se está construyendo en un terreno sobre el cual la entidad no tiene titularidad (terreno ajeno), lo que podría derivar en costosos retrasos, disputas legales y, en el peor de los casos, la paralización indefinida de la inversión con el consecuente perjuicio económico para el distrito.
“¿Qué corona carga este señor alcalde Manuel Ugarte? La Fiscalía le tiene miedo, sus investigaciones parece que se archivan porque los ficales reciben su dinero, nadie los interviene, nadie dice nada, es asqueroso lo que pasa en el distrito más millonario del Perú, todo huele a corrupción”, señala un vecino indignado al conocer este hecho.
