La sombra de la impunidad se asoma sobre la justicia ancashina mientras el cuestionado alcalde Manuel Ugarte, investigado por corrupción y enriquecimiento ilícito y lavado de activos, estrecha lazos con el Poder Judicial.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Áncash (Poder Judicial), Nilton Moreno Merino, sostuvo ayer una reunión con el controvertido alcalde de San Marcos, Manuel Ugarte Medina, actualmente bajo investigación por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Investigado regalón
La reunión, presentada como un simple acto protocolar, giró en torno a la construcción del Centro Cívico distrital financiado por la Municipalidad de San Marcos, que cederá en uso cinco pisos completos al Poder Judicial. Esta infraestructura, valorizada en varios millones de soles, albergará órganos jurisdiccionales, salas de audiencias, mesas de partes y otras instalaciones judiciales.
Lo que resulta profundamente cuestionable es la oportunidad de esta «generosa» cesión, justo cuando el alcalde Ugarte enfrenta una investigación fiscal (Carpeta Fiscal 2024-983) por presunto enriquecimiento ilícito y otros que, según fuentes cercanas a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, podría estar a punto de ser archivada.
Signos exteriores de riqueza
La investigación contra Ugarte, impulsada por la Procuraduría Anticorrupción, involucra también a su esposa Lesly Gonzales Alfaro, su hermano Analio Ugarte y cinco primos que conformarían su círculo de confianza. Todos ellos estarían adquiriendo bienes muebles e inmuebles que no corresponderían con sus ingresos declarados.
El alcalde Ugarte, quien asumió el cargo tras las elecciones de 2022 por el movimiento Socios por Áncash, declaró ingresos anuales considerables provenientes del sector privado antes de asumir funciones. Sin embargo, los lujos exhibidos desde entonces no parecen corresponder a dichos ingresos.
Alcalde cuestionado e incapaz
Esta no sería la primera vez que la gestión de Ugarte genera polémica. Un informe de la Contraloría General de la República (045-2024-2-1146-SCE) reveló graves irregularidades en un proceso de licitación donde se descalificó injustificadamente a una empresa que ofrecía realizar un servicio por S/. 13,397 soles menos que su competidor, favoreciendo a la oferta más costosa.
Mientras tanto, el alcalde no ha tenido reparos en gastar aproximadamente S/. 198,000 en organizar una fastuosa fiesta patronal como «Capitán» en octubre del año pasado, además de patrocinar al equipo FC San Marcos con una inversión estimada de S/. 70,000 adicionales. La pregunta es ¿De dónde lo sacó?
Investigación camino al archivo
A pesar de que la Fiscalía de Áncash ha emitido un comunicado negando el posible archivamiento de la investigación contra Ugarte, el ritmo de avance es preocupantemente lento. Una carpeta fiscal abierta en 2024 apenas está recibiendo documentación en febrero de 2025 y programando las primeras declaraciones.
El plazo de la investigación preliminar en el Segundo Despacho de Lavado de Activos vence el próximo 5 de abril, lo que genera dudas sobre si se logrará recopilar todas las evidencias necesarias en tan corto tiempo.
¿Busca impunidad?
Como define la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad es «la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones». En este contexto, resulta inevitable preguntarse si esta aproximación entre el alcalde investigado y el Poder Judicial podría comprometer la independencia e imparcialidad de futuras decisiones judiciales.
Mientras tanto, el presidente del Poder Judicial de Huaraz, acompañado por el gerente municipal Jorge Luis Acedo Salazar, recorrió el terreno donde se ejecuta la obra, cuya conclusión está prevista para dentro de 8 meses. La ciudadanía de Áncash observa con preocupación este acercamiento entre un alcalde bajo sospecha y la institución que, eventualmente, podría juzgarlo.
