Una promesa de salud para Aquillayoc que se tambalea
El caserío de Aquillayoc, ubicado en el distrito de San Luis, en la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald (región Áncash), fue el escenario de una inversión pública que debía cambiar la vida de sus habitantes. El proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable rural y creación del servicio de alcantarillado” fue financiado por más de S/ 7.8 millones, prometiendo acceso a servicios básicos para cientos de familias.
Sin embargo, un reciente informe de la Contraloría General de la República ha puesto en duda la calidad y transparencia de dicha ejecución. El Informe de Control Concurrente N.º 008-2025-OCI/2755-SCC, publicado el 21 de mayo de 2025, revela serias irregularidades detectadas durante la fase de liquidación de obra, situación que podría derivar en pagos indebidos y obras de corta duración.
¿Qué encontró la Contraloría?
Durante una inspección física realizada el 21 de enero de 2025, el equipo del Órgano de Control Institucional (OCI) encontró deficiencias preocupantes, pese a que la obra ya había sido recepcionada oficialmente por la Municipalidad.
Entre los principales hallazgos están: Desprendimiento del revestimiento interno del reservorio de agua potable, lo que representa un riesgo de contaminación del agua. Escalera metálica del reservorio mal instalada, sin anclajes seguros, poniendo en peligro al personal técnico.
Bisagras rotas en las tapas de las cajas de válvulas, lo que expone los mecanismos internos a daños y mal funcionamiento. Tramos de tubería sin enterrar en zonas expuestas al sol y al tránsito de animales, reduciendo su vida útil.
Hundimiento del terreno en zonas de alcantarillado, que podrían provocar roturas y fugas de aguas residuales. Lavaderos sin grifos ni agua, pese a que se declaró ejecutado el 100% de la partida correspondiente.
Una obra con “conformidad”, pero sin funcionalidad:
Lo más grave es que todas estas deficiencias fueron pasadas por alto por la supervisión técnica y el comité de recepción de obra, quienes firmaron la conformidad sin observar estas falencias. Esto va en contra de lo que exige el Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley de Contrataciones del Estado.
La Contraloría advirtió que, de no corregirse estas fallas, la obra no garantizará ni calidad ni sostenibilidad en el tiempo. “La situación podría generar que la entidad efectúe pagos por partidas no ejecutadas y devuelva garantías sin sustento”, indica el informe.
Posibles pagos indebidos y falta de sanciones:
Además de las fallas técnicas, el informe revela irregularidades administrativas en la liquidación final de la obra: No se aplicaron penalidades al contratista, a pesar de ausencias injustificadas del residente de obra y otros incumplimientos documentados en informes anteriores.
La liquidación no incluye todos los adicionales de obra ni los descuentos por partidas no ejecutadas, lo que distorsiona el costo real del proyecto. Los reajustes de precios se calcularon con índices equivocados, generando dudas sobre el monto final a pagar.
Estas omisiones podrían significar una afectación directa a los fondos públicos, situación que obliga a la municipalidad a corregir inmediatamente el proceso de liquidación.
¿Quiénes son los responsables?
El proyecto fue ejecutado por el Consorcio San Miguelito, conformado por PCS Company E.I.R.L. y Dambez Company E.I.R.L., mientras que la supervisión fue responsabilidad del Consorcio Aquillayoc. Ambos consorcios fueron contratados por la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald, bajo la modalidad de precios unitarios.
El informe también señala que tanto el contratista como la supervisión fallaron en garantizar la calidad de la obra. El municipio, por su parte, no tomó medidas correctivas a tiempo, pese a informes anteriores que ya advertían riesgos similares.
