El incidente ocurrió [día] por la tarde, cuando los ronderos interceptaron al individuo, a quien acusaron de haber sustraído un teléfono móvil. Tras ser identificado, el sospechoso fue sometido a una marcha de protesta que inició en el Jr. San Martín y culminó en una tienda donde, presuntamente, había vendido el equipo robado.
Durante el recorrido, los ronderos corearon consignas en contra de la delincuencia y portaron carteles que identificaban al detenido como «presunto robacelular». Este tipo de acciones, aunque comunes en algunas comunidades rurales, han sido cuestionadas por infringir el debido proceso y los derechos humanos del individuo.
Este tipo de acciones, aunque arraigadas en algunas comunidades rurales del país, han sido ampliamente cuestionadas por contravenir el Estado de Derecho y los derechos fundamentales de las personas. La Constitución peruana establece que la administración de justicia es exclusiva del Poder Judicial, y cualquier acción que la sustituya constituye un delito.
