Rolando Pérez Villafane, candidato a la Municipalidad Provincial de Recuay por Alianza para el Progreso, figura en la información oficial registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones con tres sentencias en materia de alimentos, correspondientes a los expedientes N.° 00114-2004, 233-2004 y 00092-2005, tramitados en juzgados de Huaraz.
De acuerdo con el registro electoral, el expediente N.° 00114-2004 figura como sentencia; el N.° 233-2004 aparece como sentencia en ejecución, mientras que el expediente N.° 00092-2005 también registra sentencia.
El candidato, de 52 años y abogado egresado de la Universidad San Pedro, declaró ante el JNE ingresos anuales de S/ 36 000. La controversia adquiere mayor relevancia por las declaraciones atribuidas a Lidea Eugenia Tarazona Huerta, madre de las hijas del candidato, quien sostiene que los procesos judiciales se habrían originado por el incumplimiento del pago de una pensión alimenticia fijada en 100 soles mensuales.
Según su versión, en el año 2005 incluso se habría dispuesto una restricción para que Pérez Villafane pudiera salir del país hasta regularizar la deuda.
La denunciante también sostiene que existiría una liquidación correspondiente al periodo comprendido entre 2005 y 2009 y afirma que, en 2022, volvió a solicitar que el candidato cumpliera con sus obligaciones alimentarias, señalando que el problema no habría sido solucionado hasta la actualidad.
Asimismo, la madre de sus hijas afirma que Pérez Villafane habría dejado la Policía debido a que se le descontaba una parte considerable de su remuneración por concepto de alimentos y que posteriormente habría pasado a efectuar pagos de menor monto.
Estos últimos señalamientos corresponden a la versión de la denunciante y deberán ser contrastados con la documentación judicial y la versión del propio candidato.
El caso coloca los antecedentes judiciales declarados ante el JNE en el centro del debate electoral de Recuay.
Más allá de las posiciones políticas, corresponde que los electores conozcan la información consignada oficialmente en la hoja de vida del candidato y las denuncias formuladas en torno al cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
La pregunta queda planteada en plena campaña electoral: ¿qué explicación dará el candidato sobre estos procesos y cuál es su situación actual frente a las obligaciones que dieron origen a las sentencias?
