Ancash
Recomiendan denunciar a alcalde de Huacachi por corrupción cuando fue gerente
Caso fue revelado mediante informe de 120 páginas elaborado por la Contraloría.
La Contraloría General de la República realizó una auditoría de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Yauya (San Luis), encontrando graves irregularidades en la gestión del ex alcalde Robert Peña Romero y el ex gerente municipal Alex Chávez Valdivia, actual alcalde de Huacachi (Huari), durante la ejecución de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Estadio Municipal del Distrito de Yauyapampa”.
La auditoría detectó la aprobación irregular del expediente técnico para ejecutar esta obra por administración directa, sin contar con la capacidad técnica ni administrativa requerida. Se observó la contratación de proveedores y servicios sin los procesos establecidos en la ley de contrataciones del Estado, llegando a pagarse S/423,375.10 por planillas de obreros sin sustento técnico y por la valorización de partidas no ejecutadas.
Foto: Contraloría
Entre las irregularidades evidenciadas destacan la simulación de estudios de mercado para justificar contrataciones directas, la emisión de órdenes de compra y servicio sin contar con la conformidad de las áreas usuarias, y pagos a contratistas por servicios no prestados.
Durante la ejecución de la obra se valorizaron insumos que no fueron finalmente utilizados, lo que demuestra falta de supervisión y verificación por parte de los responsables. Como resultado, la obra quedó inconclusa, sin que el Estadio de Yauyapampa pueda ser utilizado para la práctica deportiva como estaba previsto.
Foto: Contraloría
Entre los funcionarios y servidores públicos mencionados con responsabilidad en las decisiones y acciones irregulares se encuentran Víctor Alipio Cosme Morales, Robert Peña Romero, Alex Chavez Valdivia y otros quienes han sido implicados en recomendación de denuncia penal.
La Contraloría concluye que estas acciones ocasionaron grave perjuicio económico al Estado y recomienda que se inicien las acciones legales correspondientes para determinar responsabilidades civiles y penales.
Foto: Contraloría