Los cuestionamientos contra los gerentes y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huaraz se intensifican luego de que el polémico paradero Callejón de Huaylas, que había sido clausurado, fuera reaperturado bajo el argumento de una supuesta medida cautelar emitida por el Poder Judicial.
Sin embargo, esta versión fue desmentida tajantemente por Analio Santa, representante de un grupo de transportistas interprovinciales, quien presentó una sentencia del Segundo Juzgado Civil en la que se declara infundada la demanda interpuesta por los responsables del terminal.
Dicho fallo, según explicó, no ordena ninguna reapertura, por lo que la decisión municipal se encontraría fuera de la norma.
Santa precisó que el cierre del local continúa siendo válido y que permitir su funcionamiento constituye un acto contrario a la ley, que favorece la reactivación de espacios que no cumplen con las condiciones formales para operar en el sector transporte.
Estas acciones, advirtió, revelan un desconocimiento legal por parte de los funcionarios ediles y una preocupante flexibilidad ante actividades irregulares, lo que genera malestar e incertidumbre entre transportistas y usuarios.
Los representantes del gremio exigieron que, ante la existencia de un documento judicial claro, la gestión municipal ejerza un verdadero principio de autoridad y garantice el respeto de las normas, así como la seguridad y derechos de la población.
