En un hecho sin precedentes en Áncash, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz dictó prisión preventiva de nueve meses contra agentes penitenciarios del INPE Huaraz, acusados de torturar a una mujer y fracturarle un pie.
Es la primera vez en la región —y a nivel nacional— que se aplica esta medida a personal penitenciario por un delito de tortura, marcando un precedente en la defensa de los derechos humanos.
La decisión fue resultado del trabajo sostenido y persistente de la fiscal Ada Príncipe Asensios, responsable de la Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad de Áncash, quien durante más de un año mantuvo firme su exigencia de celeridad en el proceso. Desde el inicio, la fiscal advirtió que los siete agentes denunciados por tortura continuaban trabajando en el penal de Huaraz, donde habrían amenazado a internos e internas que testificaron en favor de la víctima.
El juez Cliver Vargas acogió este pedido y dispuso nueve meses de prisión preventiva para cinco de los acusados, mientras que a dos de ellos se les otorgó comparecencia restringida, incluyendo a una agente en estado de gestación. Asimismo, ordenó la emisión de los oficios para la ubicación y captura de los imputados, cuyo paradero se desconoce.
Con esta resolución, la fiscal Príncipe espera estar respondiendo a las exigencias de los familiares de la reclusa torturada, quienes, desde el día de los hechos, han pedido justicia y castigo ejemplar para los responsables. La medida, no solo busca sancionar un presunto delito de lesa humanidad, sino también enviar un mensaje de protección a quienes denuncian abusos cometidos bajo custodia estatal.
