La prefecta regional de Áncash, Pamela Serafín, se pronunció respecto a la denuncia interpuesta por el abogado Hitler Leiva contra la subprefectura y la prefectura regional, a quienes acusa de haber negado garantías personales a sus representados. La autoridad aclaró que la emisión de garantías personales y de orden público se rige por un procedimiento legal que debe ser respetado en cada etapa, señalando que el caso en cuestión se encuentra en evaluación debido a una apelación presentada por el ciudadano solicitante.
Serafín enfatizó que su despacho actúa con imparcialidad y dentro del marco normativo, priorizando el respeto a los derechos ciudadanos sin dejar de lado el cumplimiento de la ley. “Somos respetuosos del debido proceso; toda solicitud pasa por una revisión técnica y legal antes de ser resuelta”, sostuvo.
Asimismo, confirmó la existencia de una denuncia por presunta falsedad genérica, la primera registrada en su gestión, la cual —dijo— será abordada con total transparencia. “Estamos evaluando cada aspecto para dar una respuesta objetiva y conforme a derecho, porque en esta gestión no se actúa por presiones ni intereses particulares”, añadió la prefecta, reafirmando su compromiso con la legalidad y la transparencia institucional.
