Se plantea que en los operativos donde se detecte la presencia de organizaciones criminales intervengan las Fuerzas Armadas, pero bajo un plan de trabajo bien definido, y que los sicarios sean procesados por jueces sin rostro, garantizando así la seguridad de los magistrados y la eficacia de los juicios.
Sin embargo, los críticos advierten que tales acciones no serán efectivas si no se realiza primero una reforma estructural de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. “Mientras no se reorganice a la Policía, el Poder Judicial y la Fiscalía, cualquier medida será solo un parche”, expresaron analistas del sector.
También se cuestiona que el actual gobierno y el Congreso —considerado por amplios sectores como desprestigiado— carezcan de la legitimidad necesaria para liderar este proceso. Por ello, se insiste en la urgente necesidad de buscar salidas reales y sostenibles que frenen los actos de violencia que afectan diariamente a la población.
