Denuncias
OSCE ordenó declarar nulidad de la licitación del colegio Luzuriaga y retrotraer el proceso a convocatoria
Un informe oficial del ente fiscalizador del estado evidencia fallas graves en el proceso y obliga a reiniciar la contratación, mientras los estudiantes seguirán esperando la obra de mantenimiento.
La obra de mantenimiento, mejoramiento y remodelación de la Gran Unidad Escolar Mariscal Toribio de Luzuriaga, en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz, ha quedado formalmente anulada tras una intervención del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), órgano técnico del Estado encargado de fiscalizar los procesos de contratación pública.
Mediante un Informe de Supervisión de Oficio, el OSCE ordenó declarar la nulidad de la licitación y retrotraer el proceso a la etapa de convocatoria, al detectar deficiencias sustanciales en el expediente técnico y en las bases del procedimiento de selección convocado por el Gobierno Regional de Áncash.
El informe que sustenta la nulidad
El Informe N.° D001238-2025-OECE-SDPC, emitido el 30 de diciembre de 2025, es resultado de una acción de supervisión de oficio realizada al procedimiento de Licitación Pública N.° 6-2025-GRA/CS-1, registrada en el sistema SEACE.
El documento concluye que el proceso no cumplía con las exigencias mínimas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, vulnerando los principios de transparencia, publicidad y claridad, lo que hace inviable su continuidad.
Expediente técnico incompleto
Uno de los principales cuestionamientos del OSCE es que el Expediente Técnico de la obra fue publicado de manera incompleta, omitiendo documentos esenciales para cualquier licitación pública.
Entre los documentos ausentes se encuentran: El Programa de Ejecución de Obra (CPM) y el Calendario de avance de obra valorizado. La ausencia de estos documentos impide que los postores evalúen correctamente el proyecto y afecta la libre competencia, motivo suficiente para invalidar el procedimiento.
Plazos contradictorios que generaron confusión
El informe también revela una grave incongruencia en los plazos de ejecución de la obra: En el Expediente Técnico se consigna un plazo de 300 días calendario, en las Bases del proceso, en cambio, se establece un plazo total de 960 días calendario, sumando ejecución de obra y plan de contingencia.
Para el OSCE, esta contradicción constituye una falta grave, ya que el plazo de ejecución es un elemento determinante para la formulación de propuestas y la correcta ejecución contractual.
Retrotraer la convocatoria: Volver al inicio
Ante estas irregularidades, el OSCE dispuso: Se declarar la nulidad del procedimiento de selección, retrotraer el proceso a la etapa de convocatoria, corregir e integrar el expediente técnico y publicar nuevamente el proceso en el SEACE
En términos prácticos, esto significa que la licitación queda sin efecto y debe ser convocada nuevamente, generando un retraso inevitable en el inicio de la obra.
Los estudiantes los más perjudicados
Mientras se corrigen errores administrativos y se reinicia el proceso, los estudiantes del colegio Luzuriaga continúan asistiendo a clases en condiciones que esperaban mejorar con esta obra.
Padres de familia y docentes expresan su preocupación, ya que la anulación de la licitación traslada el costo de la mala gestión administrativa directamente a la comunidad educativa.
Responsabilidades que deben explicarse
El informe del OSCE señala que corresponde a la Autoridad de la Gestión Administrativa del Gobierno Regional de Áncash adoptar las medidas correctivas, además de poner los hechos en conocimiento del Sistema Nacional de Control.
Sin embargo, hasta el momento, no se han brindado explicaciones públicas sobre cómo se permitió convocar una licitación con un expediente incompleto y con información contradictoria.
Advertencia que no puede pasar desapercibida
La nulidad de esta licitación no es un hecho menor. Revela fallas en la planificación y conducción de los procesos de contratación pública, y deja una lección clara: sin expedientes técnicos sólidos, las obras no avanzan.
La comunidad educativa y la ciudadanía esperan que este proceso se reinicie con transparencia, responsabilidad y celeridad, para que la educación no siga siendo víctima de errores administrativos.