Una auditoría de la Contraloría General ha puesto al descubierto una cadena de graves irregularidades en la obra de «Reconstrucción de la Avenida Toribio de Luzuriaga», un proyecto valorizado en S/ 8,174,689.42 que, en lugar de progreso, hoy representa un riesgo latente para la seguridad de los ciudadanos y la inversión pública. El Informe de Hito de Control N° 025-2025-OCI/0337-SCC, remitido directamente al despacho del alcalde David Manuel Rosales Tinoco, detalla con precisión una gestión deficiente que abarca desde la supervisión hasta la ejecución misma de los trabajos.
El hallazgo más grave es que el supervisor de obra, el ingeniero Erick Armin Ríos Barrenechea. A pesar de que su contrato con el CONSORCIO MIT exigía una dedicación exclusiva (al 100% y presencia permanente), la Contraloría verificó que, de manera simultánea, prestaba servicios en al menos otras dos obras públicas. Entre el 14 y 22 de mayo de 2025, mientras debía supervisar la avenida en Huaraz, también figuraba como supervisor en un proyecto en Huarochirí (Lima), y, de forma aún más irregular, como ingeniero residente en otra obra en Chavín de Huantar. Esta situación, que contraviene el artículo 186 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se concretó a través de la Resolución de GDUR 00056-2025-MPHZ/GDUR, un documento que lleva la firma del cuestionado gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Billy Chamana Aylas, con la cual la municipalidad aprobó su designación. La consecuencia directa fue su ausencia constatada en las inspecciones físicas realizadas por los auditores, afectando el control técnico y económico de la obra y generando la posibilidad de pagos por servicios no prestados en su totalidad.
El peligro para los transeúntes es palpable y diario. El informe evidencia que el Consorcio Cruz Blanca, ejecutor de la obra, incumple sistemáticamente con las medidas de seguridad y desvío de tránsito estipuladas en el expediente técnico. Aunque existen partidas presupuestadas para paneles reflectivos, lámparas de destellos y estructuras para el pase vehicular y peatonal, estas brillan por su ausencia. Las fotografías incluidas en el documento de control son elocuentes ya que los ciudadanos, incluyendo personas de la tercera edad y comerciantes, se ven obligados a transitar en medio de la zona de trabajo sin señalización adecuada, sin personal que oriente el tránsito y sin barreras de protección, exponiendo su integridad física a posibles accidentes.
La calidad de la futura avenida también está comprometida desde sus cimientos. Los auditores observaron que la partida de «Relleno compactado de material sub base granular» se ejecuta sin cumplir las especificaciones técnicas. Se detectó una incorrecta preparación del material, con segregación de partículas y un aumento de volumen que impide alcanzar el 100% de la densidad requerida. Este defecto estructural pone en serio riesgo la durabilidad, estabilidad y vida útil del pavimento rígido, amenazando con convertir una inversión millonaria en una obra de corta duración que requerirá reparaciones prematuras.
Como si fuera poco, el sistema de drenaje pluvial es una bomba de tiempo. El consorcio no ha construido un tramo crucial de 1.60 metros que debe conectar el nuevo canal de la Av. Luzuriaga (de 0.70×0.85 metros) con el canal existente en el jirón José de Sucre, que es de una dimensión mucho menor (0.45×0.50 metros). Esta diferencia crítica de secciones crea un cuello de botella que, según la Contraloría, ocasionaría el colapso del sistema de alcantarillado, con el consiguiente riesgo de obstrucciones y desbordamientos en el centro de la ciudad durante periodos de lluvia. A esta negligencia se suma el hallazgo de tuberías de asbesto cemento en la red de agua potable, un material cuyo uso está prohibido por la Ley N° 29662 por ser nocivo para la salud. A pesar de su identificación, no se ha gestionado su cambio, y la supervisión de la EPS-CHAVIN S.A. no ha tomado acciones al respecto.
Este informe no es el primero; es el octavo documento de control que alerta sobre deficiencias en este mismo proyecto. Ahora, la gestión del alcalde David Rosales tiene un plazo perentorio de cinco días hábiles para comunicar a la Contraloría las acciones correctivas que implementará. El futuro de una de las arterias más importantes de Huaraz y la seguridad de sus habitantes dependen de una respuesta que, esta vez, no puede ser la indiferencia. «Es un escándalo de corrupción que día a día se evidencia, por eso estaba desesperados», dijo un vecino.
