El Consejo Regional de Áncash enfrenta graves cuestionamientos por la asignación de S/. 1 millón 200 mil soles para supuestas labores de fiscalización, sin rendición de cuentas adecuada ni sustento normativo. Este caso, denominado «La Repartija de los Consejeros», pone bajo la lupa al consejero delegado Hugo Mallqui y a otros representantes, cuyas justificaciones contradicen documentos oficiales.
Mallqui defiende el presupuesto amparándose en la Ley 31433, que exige que el Órgano de Control Institucional esté completamente financiado por la Contraloría, algo que no ocurre en Áncash. Además, asegura que la norma permite asignar entre el 1% y 2% del Presupuesto Institucional de Apertura, afirmación que no se encuentra en la ley. Esta inconsistencia levanta sospechas de peculado.
Los consejeros tampoco cumplen con rendir cuentas de forma transparente. Según la normativa, deben presentar informes dos veces al año, pero solo lo hacen una vez, y de forma limitada. Incluso se detectó que viáticos fueron aprobados sin cumplir requisitos, como acuerdos previos o salidas justificadas. Un ejemplo es el consejero Andy Montes, quien solicitó viáticos para su propia provincia de Casma, lo que genera dudas sobre el uso de estos fondos.
Mientras tanto, obras paralizadas, ingenieros con sueldos elevados y decisiones que limitan la transparencia, como la suspensión de transmisiones de fiscalizaciones, completan un panorama de supuestos abusos. Los ciudadanos cuestionan si estas prácticas responden a la fiscalización o a un despilfarro del presupuesto público.
Los cuestionamientos contra Mallqui son más graves por promulgar acuerdos de consejo sin la debida motivación al ser muy genéricos sin contenido sustancial y acuerdos que no justifican el gasto. Este caso ha generado indignación en la población de Áncash, que exige respuestas claras y acciones contundentes para frenar estos actos.
