Un demoledor Informe de Visita de Control, el N° 005-2025-OCI/1146-SVC, emitido por la Contraloría General contra la Municipalidad Distrital de San Marcos, ha encendido las alarmas sobre la «Ejecución de planes de negocio de mejoramiento de la producción de cuyes, ganadores del fondo concursable PROCOMPITE San Marcos 2024 – I». El documento, producto de una evaluación realizada entre el 28 de abril y el 6 de mayo de 2025, describe un panorama grave que salpica directamente por presuntos actos de corrupción a la gestión del alcalde Manuel Carlos Ugarte Medina.
El hallazgo central del informe es de una gravedad considerable. La Municipalidad Distrital de San Marcos suscribió actas de acuerdos de cofinanciamiento para poner en marcha diversos planes de negocio, aun cuando los Agentes Económicos Organizados (AEO) seleccionados no lograron acreditar de manera fehaciente el cumplimiento de condiciones y contenidos estipulados en los propios planes aprobados y en las bases del concurso PROCOMPITE. Esta situación, según la Contraloría, incumple los objetivos del programa.
La investigación revela una serie de deficiencias que, acumuladas, pintan un cuadro de cuestionable diligencia. Se evidenció que las asociaciones no demostraron la totalidad de sus aportes de contrapartida, tanto monetaria como valorizada, un pilar esencial del cofinanciamiento. Además, no cumplieron con requisitos mínimos indispensables para las categorías A y B del programa, incluyendo la crucial acreditación de un mínimo del 35% del valor de los bienes valorizados mediante facturas o boletas, dejando en el aire la veracidad de dichos aportes. En pocas palabras, prácticamente no existían ni funcionaban.
El informe detalla que se validaron expedientes técnicos para la construcción de infraestructura productiva que habían sido formulados por profesionales aparentemente sin la competencia requerida o que estaban incompletos. Esta omisión es crítica, ya que, según las propias bases del concurso PROCOMPITE, tal situación constituiría una causal directa de descalificación de los postulantes.
Asimismo, se verificó que varias asociaciones beneficiarias figuraban con «baja de oficio» o «baja provisional por oficio» ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), lo cual confirma que no existiría para la Ley y la recaudación fisval. Este estado, revela una evidente inoperatividad comercial, pues existía al momento de la suscripción de los acuerdos o durante el proceso de evaluación, lo que pone en duda la legitimidad de su participación y la correcta asignación de fondos públicos.
Las irregularidades se extienden a la falta de acreditación de condiciones clave para la operatividad de los proyectos. En múltiples casos, las asociaciones no pudieron sustentar debidamente la titularidad y disponibilidad de terrenos por el plazo mínimo exigido de cinco años, ni la cantidad mínima de animales reproductores mejorados genéticamente, o la valorización de activos por profesionales competentes, tal como lo mandan las directrices de PROCOMPITE. Incluso, en el caso de asociaciones, se detectó el incumplimiento del número mínimo de miembros activos, reportándose incluso la inclusión de integrantes ya fallecidos. Todo reitera que muchas asociaciones no existían en la práctica.
Pese a este cúmulo de flagrantes omisiones y situaciones que, según la normativa vigente de PROCOMPITE, eran claras causales de descalificación, la administración municipal, encabezada por el alcalde Manuel Carlos Ugarte Medina, procedió con la aprobación de estos planes de negocio y la posterior suscripción de los acuerdos de cofinanciamiento. El informe menciona explícitamente varias asociaciones involucradas, entre ellos la empresa Estrella del Alba S.R.L, Multiservicios Zeal S.A.C, y la Asociación familia Mallqui Albornoz, entre otros.
De determinarse en una investigación posterior la existencia de dolo o culpa por parte de los funcionarios públicos que tuvieron a su cargo la evaluación, aprobación y supervisión de estos procesos, los hechos podrían eventualmente configurar delitos contra la administración pública. Figuras penales como el Incumplimiento de Deberes, por la omisión de actos propios de sus funciones de verificación y control diligente, o incluso, si se demostrara un interés indebido en favorecer a terceros la Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo, podrían ser materia de investigación.
Es prerrogativa y usualmente una obligación de la Contraloría General de la República, ante indicios razonables de la comisión de ilícitos penales, derivar los actuados al Ministerio Público para que este, en el ámbito de sus competencias, inicie las investigaciones preliminares correspondientes y, de ser el caso, formalice la denuncia penal respectiva contra quienes resulten responsables.
