El mapa político de Áncash ha comenzado a configurarse no como un espacio de debate ideológico, sino como un tablero donde la desesperación por retener o conquistar el poder ha desnudado tácticas que bordean la ética pública y el respeto a la democracia. La reciente configuración de candidaturas revela una tendencia peligrosa: el surgimiento de clanes familiares que, bajo la sombra de partidos políticos, buscan blindar sus intereses personales y consolidar feudos regionales mediante el nepotismo y la manipulación de la normativa electoral vigente.
La familia Meza Villarreal encabeza esta carrera de ambiciones con una estrategia que busca copar múltiples frentes. Vladimir Meza, exalcalde de Huaraz y protagonista de un historial marcado por numerosas investigaciones fiscales —incluyendo señalamientos por presuntos vínculos en tramas de corrupción—, aspira ahora a un escaño en el Senado y se proyecta sin rubor hacia la Gobernación Regional de Áncash a través del partido País Para Todos. Para asegurar que el control familiar se mantenga sólido, su hermano, Alexander Meza, se ha lanzado a la contienda como candidato a diputado. Esta dinámica no responde a una visión de Estado, sino a una necesidad de supervivencia política, donde la postulación simultánea de hermanos se percibe como una red de seguridad ante el acoso del escrutinio judicial que pesa sobre ellos.
Este escenario se ve complementado por la irrupción de otros clanes que replican la misma lógica patrimonialista. Manuel Ugarte, actual alcalde del distrito de San Marcos, ha diseñado una «maniobra» para evitar el impedimento legal a su reelección: busca impulsar a un aliado, identificado como el exalcalde Óscar Ugarte —quien ya arrastra inhabilitaciones y un pasado de cuestionamientos por nepotismo—, para que figure como candidato a la alcaldía, mientras él se incluye en la misma lista como primer regidor. La intención es evidente: una vez retirado su testaferro del proceso por causas legales, Ugarte asumiría el cargo de alcalde, perpetuándose en el poder. Para completar el panorama familiar, su hermano, Analio Beto Ugarte Medina, postula como candidato a diputado bajo el ala del partido de Vladimir Meza, vinculando así sus destinos políticos en una alianza que solo busca el beneficio del clan.
A este cuadro se suma la familia Barrionuevo Romero, cuyos hermanos, Betto y Christofer, han decidido convertir su participación política en un proyecto familiar compartido. Mientras Betto Barrionuevo busca la Gobernación de Áncash con el partido Podemos, ha posicionado a su hermano Christofer en la carrera por una diputación. Al igual que en los otros casos, esta apuesta busca controlar esferas del Ejecutivo y Legislativo simultáneamente, bajo una lógica donde el poder regional se reparte como un botín de familia y no como una responsabilidad de servicio público.
La ciudadanía ancashina se enfrenta así a una oferta electoral marcada por la desesperación de personajes que, lejos de renovar la política, insisten en prácticas del pasado. Es un desafío ético para el electorado distinguir entre quienes ofrecen propuestas de desarrollo real y quienes han convertido la gestión pública en una estrategia de protección familiar. La reincidencia en estas prácticas de nepotismo y la búsqueda de artimañas para burlar la ley son un reflejo de una clase política que parece haber perdido el norte, priorizando su estabilidad personal sobre la urgente necesidad de transparencia y progreso que reclama Áncash. En última instancia, la persistencia de estos clanes depende de un sistema que aún tolera estas dinámicas, dejando a los ciudadanos la difícil tarea de frenar, mediante el voto, una estructura que parece decidida a perpetuarse a cualquier precio.
