El pasado 5 de agosto venció el plazo legal ordinario para la investigación compleja contra Manuel Ugarte Medina. A 2 meses de esa fecha que fue el limite, la fiscalía no ha informado si solicitó la prórroga o si el caso avanza, creando un vacío que contradice las seguridades que el propio fiscal dio en marzo.
El calendario judicial no se detiene, pero hay investigaciones que parecen hacerlo. La mega denuncia por activos contra el alcalde de San Marcos, Manuel Ugarte Medina, y su entorno ha entrado en una fase de limbo procesal. El plazo ordinario de 8 meses que la ley concede para una investigación preliminar compleja expiró hace exactamente dos meses, el 5 de agosto, sin que hasta la fecha el Segundo Despacho de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Lucho Rolando Díaz Tamara, haya comunicado ninguna de las acciones que la norma procesal exige.
Este silencio contrasta radicalmente con la postura que el mismo fiscal adoptó en marzo de este año. En aquella ocasión, ante un informe de Huaraz Noticias que advertía sobre un posible archivamiento, Díaz Tamara salió al frente para asegurar que la investigación, iniciada el 5 de diciembre de 2024, seguía su curso y que su complejidad —dada la pluralidad de investigados y la necesidad de pericias financieras— justificaba el uso de plazos extendidos. Con esa declaración, la fiscalía se comprometió implícitamente a una pesquisa exhaustiva dentro del marco legal.
Ese marco es inequívoco. El artículo 342 del Código Procesal Penal establece que, al término de los ocho meses de una investigación compleja, el fiscal debe tomar una de dos decisiones. Formalizar la investigación preparatoria si ha encontrado mérito, o solicitar al juez, de manera justificada, una prórroga por un único plazo adicional de hasta 8 meses. La inacción no es una opción contemplada por la ley.
Hoy, tras la manifestación de fuentes dignas de crédito, la ciudadanía se enfrenta a un vacío informativo que genera interrogantes fundamentales. No se trata de especulaciones, sino de hechos procesales concretos ya que el plazo ordinario está vencido obliga a preguntar ¿Se solicitó la prórroga del plazo antes del 5 de agosto? O ¿Cuál es el estado jurídico actual de la Carpeta Fiscal 2024-983? ¿Se encuentra la investigación paralizada o, como sugieren fuentes internas del Ministerio Público, ya ha sido archivada sin notificación pública?
La ausencia de un pronunciamiento oficial sobre estos puntos no solo afecta la transparencia de un caso de alto interés público, que involucra a una de las autoridades de la municipalidad con mayor presupuesto del Perú. También instala un escenario de incertidumbre jurídica donde las garantías del debido proceso y el principio de plazos razonables quedan en entredicho.
Mientras el despacho fiscal opta por el mutismo lo cual genera una advertencia de blindaje, el caso que investiga el notable incremento patrimonial del alcalde Ugarte y su círculo cercano se debilita con cada día que pasa. El silencio, en el ámbito de la justicia, rara vez es neutral; a menudo, es el espacio donde la duda y la desconfianza echan raíces.
