El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha encendido las alarmas sobre la actuación de las autoridades del Concejo Distrital de San Marcos, encabezadas por el cuestionado alcalde Manuel Ugarte. Al declarar nula una decisión municipal sobre una solicitud de vacancia contra la regidora Dagmar Delva Borda Herrera, el máximo ente electoral ha pedido que la Fiscalía investigue la conducta de los miembros de dicho concejo por posibles transgresiones a las normas durante el proceso.
El caso se centra en la Resolución N° 0058-2025-JNE, emitida el tres de febrero de dos mil veinticinco. En ella, el JNE anuló el Acuerdo de Concejo N.º 142-2024-MDSM del 1 de octubre de 2024, mediante el cual el concejo de San Marcos había abordado el pedido de vacancia contra la regidora Borda, acusada de un presunto caso de varios hechos.
La anulación por parte del JNE no fue una decisión tomada a la ligera. El organismo electoral encontró serias falencias en el procedimiento seguido por el concejo municipal. Específicamente, se detectó que el concejo omitió incorporar y valorar debidamente documentación crucial presentada por la regidora Borda. Se trataba de una carta (N.° 001-2023-DAGMAR BORDA HERRERA/o y su anexo) con la que, según la regidora, ella había advertido previamente a la municipalidad sobre la prohibición de contratar a su familiar, intentando así prevenir el conflicto de interés.
El JNE consideró que esta omisión por parte del concejo de San Marcos constituyó una «clara contravención a los principios de impulso de oficio y de verdad material», viciando de nulidad el procedimiento administrativo municipal. En esencia, el concejo no habría cumplido con su deber de recabar y analizar todos los elementos necesarios para tomar una decisión justa y apegada a derecho.
Es aquí donde la situación toma un cariz más grave para las autoridades ediles. Al ordenar la devolución de los actuados al Concejo Distrital de San Marcos para que realice una nueva sesión y se pronuncie correctamente sobre la vacancia, el JNE incluyó una advertencia contundente. En el considerando 2.14.8 y en el segundo punto resolutivo de su fallo, el Supremo Tribunal Electoral establece que esta nueva evaluación debe realizarse «bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de remitir copias de los actuados al presidente de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal correspondiente, con el objeto de que se ponga en conocimiento del fiscal provincial penal de turno para que evalúe la conducta de los integrantes de dicho concejo, conforme a sus competencias».
