El Gobierno Regional de Áncash guarda silencio ante las graves acusaciones de irregularidades en la licitación del proyecto del Hospital Víctor Ramos Guardia. Según un informe de Contraloría, el Comité Especial de ProInversión modificó plazos y decisiones sin la fundamentación requerida, violando el Reglamento de la Ley de Obras por Impuestos. Estas irregularidades en el proceso podrían terminar con la su nulidad de todo el proceso.
Internamente, la situación es alarmante. Fuentes confiables revelan que el gerente general, Marco La Rosa, ha restado importancia al problema, afirmando que «todo es subsanable». Sin embargo, el nerviosismo en su entorno es evidente. Existe un fuerte rumor que, en un intento de encubrimiento, se estarían fabricando actas con fechas retroactivas para justificar las decisiones cuestionadas y excusar la falta de diligencia a la Contraloría (de ser cierto sería muy delicado). Esto podría implicar una manipulación directa de los registros para evitar consecuencias legales.
La Contraloría ha advertido que la ausencia de actas fundamentadas y la falta de transparencia comprometen la validez del proceso, exponiendo a la gestión del gobernador Koki Noriega y a La Rosa a posibles sanciones y riesgos de nulidad. La pasividad de las autoridades y la falta de explicaciones ante el posible encubrimiento aumentan las dudas sobre la integridad de la administración regional en un proyecto de más de mil millones de soles.
