Los hechos se centran en la contratación directa por situación de emergencia para la ejecución de la actividad «Limpieza, descolmatación y conformación de dique en ambos márgenes del río Aija en el sector Panteón Alto», por un monto de S/ 456,069.28.
Se alega que la contratación se aprobó fuera del plazo del estado de emergencia vigente y que los trabajos ya habían sido realizados previamente por maquinarias donadas por la empresa minera Antamina. Además, no se habrían cumplido con los requisitos legales, como la aprobación de fichas técnicas y el registro en el SINPAD.
Se señala la presunta concertación entre funcionarios y el contratista para defraudar al Estado, aprovechando la situación de emergencia. Se menciona la renuncia y cese de algunos funcionarios que advertían las irregularidades. Se cuestiona también la contratación de un supervisor en lugar de un inspector.
Se detalla el accionar de los diferentes funcionarios involucrados, como el jefe de Defensa Civil, gerentes, subgerentes y asesores legales, quienes habrían actuado de manera negligente o con interés particular para favorecer al contratista. Se menciona también antecedentes del contratista por presuntos hechos irregulares en otra localidad.