En la Municipalidad Provincial de Huaraz, la indignación ciudadana crece ante la reciente ola de “renuncias” de altos funcionarios, entre ellos el cuestionado ingeniero Billy Chamana Aylas, en medio de graves denuncias de corrupción, licitaciones irregulares y una gestión municipal marcada por el caos y la falta de transparencia. Lejos de significar un cambio real, estos movimientos administrativos parecen ser una jugada para que los mismos personajes, cuestionados por su desempeño y presuntos delitos, pasen de la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) —donde percibían sueldos de S/ 7,000 a S/ 7,500— a nuevas posiciones con remuneraciones cercanas a los S/ 10,000 soles, maquillados por contratos de “alto rendimiento” y sin rendir cuentas.
El caso más emblemático es el del cuestionado Billy Chamana, en el cargo de Desarrollo Urbano y Rural, quien estaría denunciado penalmente por haber cobrado doble sueldo del Estado durante el 2023, ejerciendo simultáneamente en Huaraz y en otras municipalidades, según un informe aprobado por el propio concejo municipal. La Contraloría General confirmó que Chamana percibió ingresos en al menos tres entidades públicas, sumando más de S/ 182,000, mientras incumplía sus funciones en Huaraz y dejaba a la ciudad con calles destruidas y obras inconclusas. Pese a la gravedad de los hechos, la gestión de David Rosales no solo no lo sancionó, sino que ahora lo “premia” con un nuevo contrato mejor remunerado, en una clara señal de impunidad y complicidad.
La situación no es aislada. Otros funcionarios, como el gerente de Administración y Finanzas, Zico Melgarejo León, y el gerente de Planificación y Presupuesto, George Matienzo Villacaqui, también han presentado sus renuncias al CAS funcionario para acogerse a contratos de “alto rendimiento” bajo el amparo del Ministerio de Economía y Finanzas, con sueldos incrementados y sin concurso público, en un proceso que excluye la transparencia y la meritocracia. Todo esto ocurre mientras la Contraloría detecta presuntas irregularidades en la designación de subgerentes, la contratación de jefes de oficina sin concurso y la falta de actualización de instrumentos de gestión, lo que ha permitido que cargos de confianza se repartan a dedo y se generen beneficios indebidos para ciertos trabajadores.
El alcalde David Rosales, lejos de corregir el rumbo, ha sido protagonista de escándalos recientes, como la adjudicación de obras millonarias a empresas vinculadas a casos de corrupción en otras regiones, la duplicación sin sustento del pago de alquileres municipales y la designación de funcionarios investigados por delitos graves, como el robo de alimentos durante la pandemia. La gestión de Rosales, apodado “El Rey David” por su conducta autoritaria, ha sido señalada por favorecer a proveedores y empresas “suertudas” en licitaciones direccionadas, descalificando a competidores por errores menores y violando el principio de libre competencia.
