La Contraloría General de la República emitió un Informe 094-2024-OCI/0337-SOO que expone graves deficiencias en la gestión del Camal Municipal de Huaraz, operado por la municipalidad provincial de Huaraz. El documento, fechado el 20 de diciembre de 2024, detalla situaciones críticas que comprometen la salud pública, el medio ambiente y el uso de recursos estatales.
En 2023, la municipalidad ejecutó la IOARR (Inversión de Optimización) por S/ 800 mil soles para construir un sistema de tratamiento de aguas residuales, remodelar la cobertura y equipar ambientes complementarios. Sin embargo, los monitoreos de la Dirección de Supervisión Ambiental (OEFA) revelaron en julio de 2024 que los niveles de contaminantes en los efluentes superaban hasta en un 300% los estándares del Banco Mundial, agravando el derrame de residuos en el Río Santa.
Pese a esto, la gestión de David Rosales aprobó en noviembre de 2024 un «Plan de Limpieza y Equipamiento» adicional por S/ 40 mil soles, contratando al ingeniero Juan Francisco Inchicaqui para inspecciones sanitarias. La Contraloría cuestiona esta decisión, señalando que la IOARR original debió resolver el problema, evitando gastos extras o adicionales que fueron formulado por la Gerencia de Obras y el titular Billy Chamana Aylas. El informe cita el artículo 1.4 de los Lineamientos de IOARR, que prohíbe el «fraccionamiento» de proyectos para ocultar fallas de planificación lo cual sugiere presuntos actos de corrupción.
Mientras el camal permanece clausurado por el OEFA desde 2022, la municipalidad inició en noviembre de 2024 el trámite de autorización sanitaria ante el SENASA para construir mataderos. No obstante, una inspección de agosto de 2024 verificó que las instalaciones incumplen el Reglamento Sanitario de Faenado (Decreto Supremo 015-2012-AG). No tienen drenajes independientes para aguas residuales, carecen de pediluvios sanitarios y su sistema de tratamiento es inoperante.
Este informe advierte que, de otorgarse la autorización, la municipalidad podría enfrentar multas de hasta el 200% de la UIT (S/10 mil soles) por operar sin cumplir normativas, según los artículos 100.2 y 100.3 del reglamento. Además, se detectó que el costo del servicio de faenado aumentó hasta un 157% entre 2019 y 2024, encareciendo el acceso a carne certificada para los huaracinos.
La paralización del camal desde 2022 ha derivado en la venta informal de carne sin control sanitario. El informe de la Contraloría alerta que los efluentes no tratados contienen sangre y vísceras, contaminando el río Santa, principal fuente hídrica de Ancash. Pese a esto, la conexión al alcantarillado de la EPS Chavín —realizada en octubre de 2024— no resolvió el problema, ya que las fotos anexas muestran que los buzones desembocan directamente al cauce.
