El Informe de Visita de Control N° 001-2026-OCI/0830-SVC de la Contraloría General de la República reveló un esquema de irregularidades administrativas y sanitarias en las unidades de Emergencia y Farmacia del Hospital de Apoyo Yungay. La evaluación técnica, ejecutada entre el 17 y el 23 de febrero de 2026, expone acciones y omisiones que comprometen la legalidad de las operaciones del nosocomio y la integridad de los servicios prestados a la ciudadanía.
El documento oficial confirma que la sala de radiología convencional digital de la institución realiza procedimientos de ayuda al diagnóstico sin contar con la licencia de operación. Esta autorización es un requisito obligatorio que emite la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Además, los equipos de rayos X estacionario y rodable no han sido sometidos a pruebas de control de calidad. La Contraloría advierte que esta falta de regulación expone a los pacientes, al personal y al medio ambiente ante los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.
Durante la inspección a la guardia nocturna del 18 de febrero de 2026 en el Servicio de Emergencia, los auditores constataron que el médico asignado como jefe de guardia carecía de la especialidad exigida en Medicina Interna o en Medicina de Emergencias y Desastres. En ese mismo turno, se documentó que los médicos responsables de los tópicos de Gineco Obstetricia y de Cirugía se retiraron de sus puestos de trabajo sin contar con autorización y sin emitir comunicación alguna a la jefatura. El servicio trabajó sin personal de admisión, sin trabajadoras sociales, sin la presencia estipulada de la Policía Nacional del Perú y sin manuales de procedimientos.
La gestión del equipamiento médico presenta un escenario similar de desatención. Los equipos biomédicos distribuidos en las áreas de Vigilancia Intensiva, Observación, Triaje y los diversos tópicos operan sin registros de mantenimiento preventivo o correctivo. El personal de turno desconoce las órdenes técnicas y no cuenta con registros de las fechas de intervenciones pasadas o futuras. El ente de control subraya que esta omisión afecta directamente la operatividad y la vida útil de instrumentos vitales para la atención de pacientes en estado crítico.
En la Unidad Productora de Servicios de Salud de Farmacia, se comprobó que el área de Emergencia atiende de forma continua las 24 horas del día careciendo de una resolución de autorización sanitaria de funcionamiento. El local tampoco exhibe la resolución de Dirección Técnica necesaria para identificar al profesional químico farmacéutico legalmente responsable. El control de sustancias fiscalizadas evidenció que el Libro de Control de Estupefacientes y Psicotrópicos mantenía su último registro en diciembre de 2025, pese a que el personal dispensó medicamentos controlados durante los meses de enero y febrero de 2026. Por su parte, el Libro de Ocurrencias presentaba desactualización desde noviembre de 2025.
Las prácticas de almacenamiento y dispensación transgreden las directrices sanitarias vigentes. La inspección halló cajas de productos farmacéuticos apiladas directamente sobre el piso y en contacto con las paredes. Los registros encargados del control de temperatura de las refrigeradoras permanecían inactivos desde diciembre de 2025 y se encontraron medicamentos, como la Azitromicina, sin la debida identificación de lote. El sistema informático de inventario SISMED reportaba un saldo de medicamentos distinto al stock físico real, hecho verificado con las tabletas de Naproxeno. Finalmente, se constató que recetas especiales para estupefacientes fueron despachadas omitiendo la dirección de los pacientes y respaldadas únicamente por rúbricas sin el sello del profesional responsable, lo cual imposibilita la trazabilidad legal de las sustancias entregadas.
