GRAVE: Repartija ilegal por S/ 98 millones en Hatun Ancash mediante un acta «trucho»

El manejo de los recursos públicos en el departamento de Áncash ha quedado bajo la lupa tras la publicación del Informe de Acción de Oficio Posterior N° 055-2025-2-5332-AOP. El documento revela cómo la gestión regional, a través del programa Hatún Áncash IV – 2025, concretó transferencias financieras por un total de S/. 98,310,464 soles a favor de 19 municipalidades, sorteando de manera deliberada los filtros de legalidad y rigor técnico establecidos por sus propias directivas. La investigación identifica como piezas clave de esta maniobra al gerente regional de Infraestructura, Cesar Josué Moreno Toledo, y al subgerente de Estudios e Inversiones, Jhon Tony García Lucero (el que acaba de asumir la encargatura de la gerencia de Infraestructura desde ayer), quienes suscribieron un acta el 18 de agosto de 2025 para validar expedientes que debieron ser rechazados de forma inmediata.

Lo ilícito reside en la creación y aplicación de un instrumento denominado “Acta de aprobación de matriz de orden de prelación”, la cual no posee validez legal ni administrativa (acta denominado por algunos como un acta “trucho”). Según el ente de control, este documento fue utilizado para modificar la Directiva N° 005-2025-GRA/GGR/GRI, aprobada mediante resolución gerencial, sin contar con la opinión técnica de la Subgerencia de Modernización ni el visto bueno legal de la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica. Bajo el pretexto de una supuesta falta de precisión en la norma, César Moreno Toledo y Jhon García Lucero se otorgaron facultades para admitir proyectos que no cumplían con los 15 requisitos mínimos de admisibilidad, otorgando plazos de subsanación prohibidos por la normativa vigente y vulnerando los principios de imparcialidad y transparencia que rigen la administración pública.

El nivel de negligencia expuesto es escandaloso, ya que la Contraloría detectó que ninguno de los 19 proyectos beneficiados con millones de soles cumplía con la totalidad de los requisitos técnicos exigidos. En el caso de la Municipalidad Provincial de Sihuas, por ejemplo, el equipo auditor ni siquiera pudo hallar el expediente técnico en los archivos regionales, lo que evidencia un descontrol absoluto en la custodia de documentos que respaldan el gasto de S/ 6.4 millones de soles. Otros proyectos, como el de la Municipalidad de Tapacocha, recibieron presupuesto a pesar de carecer de informes de mecánica de suelos, ensayos de materiales y evaluaciones de riesgo firmadas por especialistas acreditados por CENEPRED, elementos indispensables para garantizar que las obras no colapsen o resulten en un peligro para los ciudadanos.

La revisión pormenorizada de los expedientes arroja omisiones que comprometen la integridad de la inversión estatal. Municipios como Bolognesi, Huaylas, Carhuaz, Huata y Ocros presentaron documentos sin firmas, cotizaciones incompletas y, en varios casos, carecían del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) o de la certificación ambiental correspondiente. Pese a estas carencias críticas, la Subgerencia de Estudios e Inversiones calificó los proyectos como «aptos» y les asignó puntajes mediante criterios de prelación inventados en el acta irregular o “trucho”, permitiendo que el Gobernador Regional aprobara finalmente el desembolso total de los 98 millones de soles el 17 de septiembre de 2025 lo cual podría terminar con consecuencias legales delicadas.

Esta gestión de los fondos destinados a cerrar brechas de pobreza y mejorar servicios básicos ha terminado por favorecer una cultura de informalismo administrativo. El informe concluye que la aplicación de criterios subjetivos y la omisión de las causales de exclusión afectaron directamente la legalidad del proceso de transferencia. Al no haber seguido los procedimientos de actualización de directivas exigidos por la propia institución, los funcionarios involucrados no solo habrían forzado la admisión de proyectos deficientes, sino que también habrían dejado al Gobierno Regional de Áncash expuesto a responsabilidades legales por el uso indebido de recursos públicos en obras cuya viabilidad técnica es, hasta el momento, una incertidumbre.