GRAVE: Mantenimiento de la Piscicultura fue otorgada a empresa más carera

Un reciente y contundente informe de la Contraloría General de la República ha puesto bajo la lupa el Concurso Público de Servicios N° 001-2025-GRA. Este proceso tenía como objetivo principal contratar los servicios de mantenimiento y adecuación de la infraestructura de la Dirección Sub Regional de Producción, conocido como la Piscicultura de Huaraz, ubicada en nuestro distrito de Independencia. Lo que debió ser un trámite transparente y eficiente en beneficio de la institución, terminó convertido en un cuestionable atropello a la libre competencia administrativa debido a un minúsculo e irrisorio error en un calendario.

El 18 de marzo de 2026, el comité de selección, presidido por Jhon Tony García Lucero e integrado por Eder Lenin Achic Tello y Alex Javier Dextre Caururo, emitió el acta de admisión, calificación y evaluación de ofertas. Durante este crucial paso, las autoridades a cargo decidieron descalificar de forma fulminante a la empresa S&J Contratistas Generales S.R.L. La razón es tan absurda que cuesta creerla pues uno de los certificados de experiencia presentados para avalar al ingeniero eléctrico propuesto por esta empresa consignaba como fecha de término de una obra anterior el «31 de noviembre de 2009». Como es de conocimiento general, el mes de noviembre cuenta únicamente con 30 días.

En lugar de aplicar el criterio lógico, administrativo y solicitar una simple subsanación, el comité de selección asumió de manera tajante que el certificado era «inválido en todos sus extremos» argumentando que al tener una fecha irreal se trataba de un documento falso o inexacto. Sin embargo, la Contraloría General de la República ha sido enérgica al señalar que esto constituye un evidente error material o tipográfico. Este tipo de equivocaciones son completamente subsanables según las normativas vigentes, ya que la equivocación en el tipeo del día no altera de ninguna manera la experiencia real del profesional ni el fondo de la propuesta. La ley exige a los evaluadores permitir la corrección de errores formales justamente para evitar formalismos extremos que terminen perjudicando la competencia y al propio Estado.

Pero el perjuicio para Áncash no es solo burocrático, es netamente económico. Al sacar sorpresivamente del camino a S&J Contratistas Generales S.R.L., el comité le terminó entregando la buena pro al Consorcio Producción. El detalle financiero que indigna es que la oferta económica de la empresa descalificada era de S/ 550,190, mientras que el ganador adjudicado terminará cobrando la suma de S/554,238. En resumen, por la obstinación de no permitir la corrección de un error de tipeo evidente, el Gobierno Regional de Áncash terminará pagando S/4,048 adicionales provenientes de nuestros recursos públicos.

Además de la afectación económica, el órgano fiscalizador le ha dado una verdadera lección legal a la entidad, recordándole que no se puede tachar un documento de falso de manera arbitraria. Para invalidar un certificado por presunta falsedad, se debe contar con la declaración expresa del emisor negando su autoría o realizar una fiscalización posterior una vez otorgada la buena pro, respetando así el sagrado principio de presunción de veracidad que rige en toda contratación pública. Actuar a la ligera, como lo hizo este comité, afecta directamente la eficacia, la eficiencia y la competencia efectiva de los postores.

El Informe de Orientación de Oficio N° 024-2026-OCI/5332-SOO, que detalla todas estas graves irregularidades, ya ha sido notificado formalmente al despacho del gobernador regional, Fabián Koki Noriega Brito, con fecha 27 de abril de 2026. Ahora, la máxima autoridad regional tiene un plazo máximo de cinco días hábiles para adoptar las acciones preventivas y correctivas necesarias para evitar que este tipo de manejos sigan manchando las licitaciones en Áncash. Continuaremos siguiendo de cerca este caso para informar si se corrige este despropósito o si se decide hacer oídos sordos ante la advertencia de la Contraloría.