La madrugada de ayer lunes 28 de abril de 2025, el distrito de Independencia fue escenario de una tragedia anunciada. El desborde del Río Casca, provocado por el derrumbe de un cerro sobre la laguna glaciar al pie del nevado Vallunaraju, dejó 2 menores de edad fallecidos, 5 personas desaparecidas y más de 370 damnificados en las localidades de Cascapampa, Jinua, Palmira Alta, Paria-Willcahuain, Cachipampa, Lirio y Ucru.
El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) confirmó que el desborde fue causado por el desembalse de una laguna glaciar al pie del nevado Vallunaraju. Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurre un evento similar en la zona; el 26 de marzo pasado se registró un desborde en el mismo sector. A pesar de ello, no se emitieron alertas ni se tomaron medidas preventivas en coordinación con las autoridades para evitar una nueva tragedia.
La Municipalidad Distrital de Independencia, por su parte, no impuso el principio de autoridad para reubicar a las familias asentadas en zonas de alto riesgo, como lo establece la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres. La falta de acciones concretas por parte del alcalde y su equipo de gestión contribuyó a que la población permaneciera en áreas vulnerables, a pesar de las advertencias previas.
Defensa Civil Regional también mostró deficiencias en su labor preventiva. Aunque el jefe de Defensa Civil Regional, Rafael Macedo, informó que se desplegó maquinaria pesada para la limpieza de vías y habilitación de accesos tras el desastre, estas acciones llegaron tarde para las víctimas y sus familias. La falta de un monitoreo constante y de un sistema de alerta temprana efectivo evidenció una vez más la ineficiencia en la gestión del riesgo de desastres en la región.
La tragedia también afectó gravemente la infraestructura del distrito. Se reportó la destrucción de más de 300 metros de vías urbanas, la destrucción de tres puentes vehiculares y daños severos en otro, dejando incomunicadas a diversas zonas rurales y urbanas. Además, se perdieron 10 hectáreas de cultivos, y se interrumpieron los servicios de agua potable y energía eléctrica en varias localidades.
La falta de coordinación y prevención por parte de las autoridades competentes ha dejado en evidencia una cadena de omisiones que agravaron las consecuencias de un desastre natural que pudo haberse mitigado. Es imperativo que se realice una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades y se implementen medidas efectivas para prevenir futuras tragedias en la región.
