La Municipalidad Provincial de Huaraz, liderada por el cuestionado alcalde David Rosales, apodado como “El Rey David” por su conducta impulsiva, vuelve a verse envuelta en un nuevo escándalo de presuntos actos de corrupción, el último caso fue el relacionado a la proveedora favorita de apenas 20 años por S/. 47 mil soles.
Según pudo confirmar el equipo de investigación de Huaraz Noticias, la actual gestión edil habría duplicado el monto de alquiler que se pagaba a la proveedora Lucinda Valentina Falcón Luna por el servicio de alquiler de un local destinado al archivo central de documentos.
Contrato por S/2400
El Contrato de Arrendamiento N° 02-2019 original fue firmado en el 2019 por el entonces burgomaestre Rori Mautino Ángeles, acordándose un pago mensual de S/2,400 soles por dicho inmueble. Sin embargo, tras vencerse el convenio en diciembre del 2022, el municipio suscribió dos adendas temporales con la propietaria pese a que correspondía convocar a un nuevo proceso de selección.
Documento: OSCE
La primera adenda por el alquiler entre los meses Enero a Junio del 2023 por S/33,000 soles y el segundo entre los meses de Julio a Diciembre del 2023 también por S/33,000 soles.
Duplican a S/5500
Además de contravenir los lineamientos de contratación pública, el alquiler se habría duplicado irregular e injustificadamente a S/5,500 soles al mes, por decisión del alcalde David Rosales y el Subgerente de Abastecimiento Luis Palma. Hasta octubre se le ha desembolsado S/55,000 soles por 10 meses de alquiler.
Documento: OSCE
Documento: OSCE
Fraccionamiento
El caso cobra gravedad al incumplir el Artículo 19.1 del reglamento de contrataciones públicas, que prohíbe fraccionar pagos para evitar licitaciones. La comuna, pese a conocer la necesidad permanente de alquiler, no programó el servicio y realizó adendas menores a S/39,600 soles (o UITs), eludiendo así un concurso de selección.
Documento: OSCE
Inminente denuncia
La nueva adenda constituiría un fraccionamiento indebido de pagos para evadir licitación. Por ello, el alcalde y el funcionario enfrentarían una denuncia penal por presunta omisión de funciones y negociación incompatible, mientras que la proveedora una posible sanción e inhabilitación.
