Un informe de orientación de oficio de la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General, el N° 8241-2025-CG/PREVI-SOO, ha puesto en evidencia una preocupante situación en el Gobierno Regional Áncash – Sede Central. Al 4 de agosto de 2025, la entidad solo ha ejecutado el 33,60% del presupuesto asignado para proyectos de inversión, a pesar de que varios de estos proyectos debieron haber culminado antes de esta fecha. Esta deficiente ejecución presupuestal amenaza la continuidad de los procesos y el logro de los objetivos de inversión, lo que podría dilatar el cierre de brechas en infraestructura y el acceso a servicios básicos para la ciudadanía, tales como salud, educación, agua y saneamiento.
La Contraloría, en su labor de control simultáneo, identificó esta situación adversa tras revisar la base de datos pública del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al periodo del 1 de enero al 4 de agosto de 2025. Los proyectos afectados tienen un alcance regional y son cruciales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Áncash.
Específicamente, el informe detalla que el Gobierno Regional Áncash – Sede Central, con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 425 999 388,00 para proyectos de inversión en el ejercicio 2025, y un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 198 554 868,00, ha devengado únicamente S/ 66 699 564,00. Siete de estos proyectos, según el registro en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), estaban programados para culminar antes del 4 de agosto de 2025, pero aún figuran en ejecución, con diferencias entre el avance financiero y físico acumulado. Este desbalance, según la Contraloría, puede derivar en retrasos en la recepción y culminación de obras, ampliaciones de plazos, o saldos presupuestales no ejecutados debido a paralizaciones.
Un análisis más profundo, mediante el “Reporte consolidado de inversiones” elaborado por la Comisión de Control, reveló la siguiente situación en proyectos con atraso:
a.- 2556249 (Reconstrucción total del Centro de Salud Anta I-3): Con un PIM de S/ 2 575 550,00, ha devengado S/ 2 186 002,79 (84.88%), pero su avance físico acumulado es del 0%. La fecha programada de fin de ejecución fue el 30/10/2024.
b.- 2538188 (Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y secundaria de la I.E. 86692 Juan Bautista de la Salle): De un PIM de S/ 278 093,00, se devengó S/ 67 476,66 (24.26%), con un avance físico acumulado del 0%. La culminación estaba prevista para el 01/11/2022.
c.- 2556955 (Mejoramiento de los servicios educativos del Instituto Superior Tecnológico Público Aija): De un PIM de S/ 1 292 000,00, se devengó S/ 237 340,00 (18.37%), con un avance físico acumulado del 0%. La fecha de fin fue el 01/12/2023.
d.- 2427399 (Mejoramiento y ampliación del Centro de Salud Yugoslavia): De un PIM de S/ 1 220 207,00, se devengó S/ 53 294,00 (4.37%), con un avance físico acumulado del 0%. Su culminación estaba programada para el 01/12/2020.
e.- 2544128 (Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado sanitario del Caserío de Yarush): De un PIM de S/ 403 920,00, se devengó S/ 101 785,96 (25.2%), con un avance físico acumulado del 0%. Debió finalizar el 01/02/2023.
f.- 2416506 (Mejoramiento y ampliación del canal de riego del Centro Poblado Machac): De un PIM de S/ 168 953,00, se devengó S/ 28 031,20 (16.59%), con un avance físico acumulado del 0%. La fecha de fin fue el 01/11/2018.
g.- 2542672 (Creación de la carretera desde la localidad de Vicos hasta la localidad de Chacas): De un PIM de S/ 1 000 000,00, se devengó S/ 81 764,00 (8.18%), con un avance físico acumulado del 0%. Estaba programado para culminar el 01/04/2023.
La persistencia de esta situación de inejecución de proyectos con fechas de culminación vencidas, y con un avance físico acumulado nulo o insignificante a pesar de importantes devengados financieros, podría interpretarse como una gestión que contradice principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente aquellos relacionados con la erradicación de la pobreza, el acceso a servicios esenciales y la mejora de entornos urbanos sostenibles. El presupuesto no utilizado representa una oportunidad perdida para reducir brechas históricas y cumplir con las metas de desarrollo ya establecidas, lo que impacta directamente en la población beneficiaria.
La Contraloría ha recordado a la entidad la necesidad de disponer acciones conforme a la normativa, como ampliaciones o reprogramaciones de plazos, o la liquidación de los proyectos, con el registro actualizado de la información en los sistemas informáticos. La ausencia de registros limita la disponibilidad de información clave para la predictibilidad y trazabilidad del gasto público, elementos fundamentales para asegurar la calidad y seguridad de las inversiones.
Este escenario genera interrogantes sobre la responsabilidad en la gestión pública y la coherencia con los compromisos del Perú como Estado firmante de la Agenda 2030, que exige orientar las intervenciones hacia resultados concretos que garanticen derechos y reduzcan desigualdades. La inacción o lentitud en la ejecución de estos proyectos compromete seriamente el cumplimiento de los ODS y perpetúa situaciones de exclusión y precariedad que deberían ser erradicadas con urgencia.
