Una nueva controversia sacude al Gobierno Regional de Áncash tras la reciente designación de Melisa Milagros Brito Morales como Gerente Regional de Desarrollo Social, a pesar de no cumplir con los requisitos mínimos establecidos para el cargo, especialmente en lo referido a formación académica y experiencia profesional.
De acuerdo con el Manual de Clasificador de Cargos del propio gobierno regional, el puesto exige como requisito mínimo el título profesional universitario en Educación, Administración, Derecho, Ciencias Sociales o carreras afines, así como estudios de especialización en Gestión Pública o Desarrollo Social. Además, se requiere una experiencia general no menor de seis años, incluyendo al menos dos años en cargos directivos.
Sin embargo, Brito Morales, egresada de la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión con el título de Ingeniera Pesquera, no registra estudios de maestría ni especializaciones en la base de datos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), lo cual contradice la información consignada en su designación.
La falta de estudios de posgrado y la ausencia de formación específica en áreas sociales han despertado dudas sobre el cumplimiento del perfil profesional requerido para liderar una gerencia clave que articula políticas públicas en educación, salud, inclusión social, cultura y transporte, sectores sensibles para el bienestar de la población.
La designación fue oficializada mediante resolución firmada por el Gerente General Regional, abogado Marco La Rosa Sánchez Paredes, quien hasta el momento no ha ofrecido ninguna explicación institucional ni técnica que justifique la idoneidad de la funcionaria.
Cabe señalar que Melisa Brito ya ocupó anteriormente el cargo de subgerente de Fiscalización y Defensa del Consumidor en la Municipalidad Provincial de Huarmey, una función lejana al enfoque técnico y transversal que demanda la conducción de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.
Este caso reabre el debate sobre la transparencia, la meritocracia y la idoneidad en los nombramientos de funcionarios de confianza en el Gobierno Regional de Áncash, donde persiste la preocupación sobre si se respeta o no el principio de capacidad técnica y profesional para cargos públicos que inciden directamente en la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la región.
