No se trata únicamente de una obra paralizada. Hablamos de un contrato millonario de S/ 77 millones, de desembolsos que, según información oficial, llegaron a representar casi el 25 % del monto total sin avances proporcionales, y de cientos de estudiantes que siguen esperando la infraestructura que se les prometió. Todo ello en un contexto en el que se contaba con alertas tempranas.
Desde que se otorgó la buena pro, Huaraz Noticias y el programa La Pepa con Gudy Gálvez difundieron información que ponía en cuestión la solvencia financiera y la capacidad técnica del consorcio. No fueron rumores ni especulaciones, sino advertencias públicas que buscaban generar debate y prevenir riesgos. Meses después, los informes de la Contraloría y de los órganos de supervisión terminaron por confirmar esas señales: retrasos, incumplimientos contractuales y observaciones en la ejecución.
Lamentablemente, esas alertas fueron minimizadas. Las autoridades regionales de entonces optaron por continuar con el contrato bajo el argumento de que el proceso de licitación era legalmente válido, sin valorar que la validez formal no siempre garantiza la eficiencia ni la transparencia en la práctica. El costo de esa decisión lo paga hoy la ciudadanía: recursos comprometidos, tiempo perdido y un proyecto educativo en suspenso.
Este episodio deja varias lecciones que no deben repetirse:
- Revisar más allá de los papeles. La licitación no debe ser vista como un fin en sí mismo. Las empresas adjudicatarias deben ser evaluadas con rigurosidad en su solvencia real y su historial.
- Escuchar las alertas sociales y periodísticas. La prensa independiente y los padres de familia cumplen un rol de fiscalización anticipada que puede evitar daños mayores. Ignorar esas voces debilita la gestión pública.
- Garantizar transparencia y vigilancia ciudadana. El nuevo proceso de adjudicación no puede repetirse entre cuatro paredes. Es necesario un comité de vigilancia con participación de la comunidad educativa, la sociedad civil y los órganos de control.
Hoy, el GORE Áncash tiene el reto de recomponer la confianza ciudadana. La resolución del contrato es un paso necesario, pero insuficiente. Hace falta comunicar con claridad qué se hará con los recursos ya transferidos, cómo se garantizará la continuidad de las clases y, sobre todo, cuándo se iniciará realmente la construcción de la nueva infraestructura.
La lección es evidente: ignorar las alertas periodísticas y ciudadanas no solo cuesta millones de soles, también condena a nuestros estudiantes a seguir esperando un derecho básico: una educación en condiciones dignas.
