Gestión de Manuel Ugarte en San Marcos deja de cobrar penalidad de S/. 100 mil soles

La Contraloría General de la República del Perú emitió el Informe de Hito de Control N° 005-2026-OCI/1146-SCC respecto al proyecto de inversión «Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en 10 barrios de la localidad de San Marcos del, distrito de San Marcos de la provincia de Huari del departamento de Áncash». El proyecto, registrado con el Código Único de Inversiones 2671311, cuenta con un costo total de inversión viable de S/ 40,412,585. La entidad sujeta a control es la Municipalidad Distrital de San Marcos, bajo la administración del alcalde Manuel Carlos Ugarte Medina.

El documento detalla que la entidad municipal no cauteló la devolución de los entregables observados a la supervisión y al responsable de la formulación del expediente técnico conforme al procedimiento administrativo establecido. Esta inacción ocasionó una falta de control y la inaplicación de penalidades por una suma total de S/ 109,471. El recálculo efectuado por la comisión de control determinó que el contratista, Consorcio Diez, incurrió en penalidades por S/ 77,387, mientras que el Consorcio Supervisor Bestori acumuló penalidades por S/ 32,084.

Adicionalmente, la municipalidad aprobó el segundo entregable del expediente técnico a pesar de que este incumplía con el contenido mínimo indicado en los términos de referencia contractuales. La revisión de los documentos evidenció que el estudio de topografía y trazo presentaba inconsistencias en los puntos geodésicos. Las fechas de certificación de estos puntos no coincidían con la plataforma del Instituto Geográfico Nacional (IGN), los certificados fueron emitidos de forma previa a la firma del contrato y el solicitante de los mismos no registraba vínculo alguno con el consultor.

En el aspecto geotécnico, las inspecciones de campo demostraron discrepancias entre la información del estudio de mecánica de suelos y la realidad física. Las coordenadas registradas para las calicatas C-02, C-03, C-04, C-07, C-08 y C-09 ubicaban los puntos de exploración dentro de propiedades privadas, lo que resulta incompatible con la ejecución de dichos trabajos. Asimismo, en los puntos correspondientes a las calicatas C-06 y C-10, ubicados en espacios públicos, no se halló evidencia física de excavación alguna.

El diseño del pavimento rígido se efectuó tomando como base un conteo de tráfico realizado en una sola intersección, y el espesor obtenido de 200 milímetros se generalizó de forma indebida para todas las calles del proyecto, omitiendo las condiciones particulares de tránsito de las demás vías. Por otra parte, el estudio de estructuras no fue desarrollado, lo que derivó en que los muros de contención se diseñaran con parámetros de suelo sin justificación técnica y contrarios a los consignados en el propio estudio de mecánica de suelos. El plan de seguridad y salud no contaba con la firma del especialista responsable y omitió incluir la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER).

La Contraloría advirtió que el expediente técnico también carecía de documentos exigidos como la certificación ambiental, la certificación del CIRA, el padrón de beneficiarios y las actas de libre disponibilidad de terrenos y canteras. El ente de control concluyó que la aprobación de este expediente deficiente generaría el pago por servicios no ejecutados, y durante la eventual ejecución de la obra, desencadenaría controversias, mayores costos y paralizaciones. El informe fue notificado al alcalde Manuel Ugarte el 21 de abril de 2026, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para comunicar las acciones preventivas y correctivas adoptadas por su despacho.