La denuncia fue presentada por el ciudadano Regmer Aljovin y señala que el gerente general Marco La Rosa, el gerente de Administración Erick Inchicaque, el gerente de Infraestructura Gustavo de la Cruz, y el consejero de Recuay Yover Montoya se habrían concertado con la empresa para obtener beneficios económicos.
El delito que se les atribuye es colusión, el cual se configura cuando dos o más personas, siendo una de ellas funcionaria pública, se ponen de acuerdo para defraudar al Estado.
Según la denuncia, los funcionarios no solo favorecieron al Consorcio Educa, sino que también incumplieron con su deber de verificar y fiscalizar el desarrollo de la obra.
