La indignación de los ciudadanos de Huaraz crece ante un nuevo episodio que pone en tela de juicio la conducta de funcionarios municipales. Si la semana pasada la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural (GDUR) se vio envuelta en una controversia tras la denuncia de vecinos sobre un vehículo abandonado a media pista, vehículo relacionado al ingeniero Billy Chamana Aylas, ahora se confirma que tiene una papeleta de tránsito pendiente de pago.
El pasado 10 de agosto, un automovil particular causó un caos vehicular al ser dejado en medio de la vía durante toda la madrugada. Testigos y denuncias ciudadanas señalaron al ingeniero de la GDUR, Billy Chamana, como el presunto responsable. Pese a la evidente obstrucción y el riesgo para el tránsito, no se reportó ninguna intervención por parte de las autoridades de Tránsito o Serenazgo, lo que le ha valido el apelativo de funcionario “engreído” del cuestionado alcalde David Rosales.
La situación se torna aún más delicada con la información obtenida del registro de su licencia de conducir. La imagen adjunta a esta nota muestra que Chamana Aylas, con DNI 41530199, tiene una multa de tránsito G40, clasificada como «Pendiente de Pago». Esta papeleta, con el número VP00323172, fue impuesta el 24 de mayo de 2022 y confirmada el 6 de diciembre de 2023.
La falta G40 corresponde a «Esta infracción se impone cuando estacionas tu auto en un lugar donde está expresamente prohibido o sin colocar los elementos de seguridad exigidos en caso de una detención por emergencia». La pregunta que se hacen los vecinos es ¿Qué ejemplo puede dar un funcionario de alto nivel que, según testigos, abandona un vehículo en la vía pública y, además, maneja con una deuda pendiente por una infracción grave?
Este caso no solo refuerza la percepción de impunidad, sino que también genera una profunda desconfianza en la labor de las autoridades encargadas de velar por el orden y la seguridad en la ciudad. Mientras a los ciudadanos de a pie se les exige el cumplimiento estricto de las normas, parece que algunos funcionarios operan bajo un conjunto de reglas diferentes, minando así la credibilidad de la gestión municipal. La ciudadanía espera una pronta respuesta y, sobre todo, acciones que demuestren que la ley es igual para todos, sin importar su posición o cargo.
