En atención a las quejas de la población y en ejercicio de su labor de control, la consejera regional por la provincia de Corongo, Rocío Cochachín Arias, coordinó y participó en una visita de fiscalización inopinada a la empresa Minera SBL Antracita E.I.R.L., operadora del proyecto no metálico San Pablo, ubicado entre los distritos de Yupán y Bambas.
El objetivo de la inspección fue verificar que las actividades mineras no metálicas se desarrollen conforme a la normativa legal y ambiental vigente. En la diligencia participaron la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Santa, la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) – Áncash, la Policía de Medio Ambiente de Chimbote, representantes de la empresa minera, la Municipalidad Distrital de Bambas, la Subprefectura Provincial de Corongo, la Subprefectura Distrital de Bambas, el FREDIP – Corongo y pobladores de la zona.
Durante el recorrido se inspeccionaron bocaminas, campamentos y puntos de extracción de carbón. Asimismo, se constató la existencia de un campamento y maquinaria pesada en aparente estado de abandono, presuntamente vinculados a actividades mineras ilegales que habrían operado antes del inicio formal de actividades de la empresa Antracita.
Ante esta situación, se recomendó implementar acciones de recuperación forestal y verificar el cumplimiento del plan de cierre de mina, con el fin de asegurar la protección ambiental y minimizar impactos negativos en el entorno. La consejera enfatizó la importancia de que la empresa asuma las responsabilidades correspondientes y adopte medidas de remediación frente a posibles daños ocasionados con anterioridad.
Asimismo, se verificaron las bocaminas de la zona metálica San Pablo IIIU, con Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) vigente, donde se vienen realizando acciones preparativas para su operación tras contar con los permisos respectivos. En este punto, la FEMA exhortó al representante de la minera a ejecutar trabajos de mantenimiento y estabilización en áreas con remoción de tierras para prevenir deslizamientos. Las recomendaciones deberán ser informadas en un plazo de 15 días.
Finalmente, la consejera Cochachín Arias reafirmó su compromiso de continuar canalizando las preocupaciones de la población y ejercer acciones de fiscalización permanentes, promoviendo que las actividades mineras se desarrollen con responsabilidad social, respeto al medio ambiente y transparencia, fortaleciendo además los canales de comunicación con la ciudadanía para prevenir conflictos futuros.
