La Fiscalía Anticorrupción de Áncash parece mostrar un patrón de protección hacia altos funcionarios del Gobierno Regional, como son los consejeros regionales, al no intervenir por el cuestionado uso de S/. 1.2 millones destinados a los Planes de Trabajo de Acción de Fiscalización (PTAF). Mientras tanto actúa con rapidez en casos menores que involucran a servidores de bajo rango, en este caso, con posibles delitos graves, se mantiene como si nada ocurriera.
Caso Contraloría
Por su parte, la Contraloría General, encabezada en Áncash por Darío Valverde Cueva, tampoco ha tomado acciones. Este silencio resulta preocupante, considerando que Darío es hermano de Luis Valverde Cueva, actual gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Áncash. La evidente relación familiar sugiere un posible conflicto de intereses que podría estar bloqueando la fiscalización efectiva de estas prácticas.
Repartija con excusa de fiscalización
El último lunes 18 de noviembre, Huaraz Noticias reveló el manejo de los PTAF, aprobados mediante el Acuerdo de Consejo Regional 007-2024, que permite a los consejeros regionales incrementar sus ingresos hasta S/. 15,000 soles mensuales sin sustento técnico o normativo claro. Se reveló que ingenieros contratados para fiscalizar cobraron por servicios sin presentar informes (pese a que la norma lo obliga), mientras que el asesor legal Orlando Ildefonso Almendrades participó irregularmente en casi el 90% de las supuestas simulaciones de fiscalización, generando elevados gastos en viáticos.
Posibles delitos
El caso fue denominado por algunos como la “Repartija de los Consejeros” y estas acciones podrían configurar delitos como peculado (artículo 387 del Código Penal) y colusión agravada (artículo 384 del Código Penal).
Consejeros poco transparentes
Además, se ha denunciado que la gestión del Consejero Delegado Hugo Mallqui habría ordenado cortar las transmisiones de las sesiones donde se discuten estos planes con la intención de interrumpirlas para ocultar las decisiones de repartirse el dinero y que el público pueda conocerlo. Esto evidentemente vulnera la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este hecho también podría tipificarse como omisión de deberes funcionales (artículo 377 del Código Penal).
Blindaje a La Rosa
El blindaje al gerente general Marco La Rosa, respaldado por los mismos consejeros beneficiados con los fondos de los PTAF, refuerza las sospechas de acuerdos ilícitos para mantener privilegios. Esta caso deja en evidencia un presunto intercambio de favores que afecta directamente a los intereses de los ciudadanos de Áncash.
