Mientras un fiscal pide hasta cinco años de cárcel para once alcaldes por nombrar a un gerente sin maestría, el gerente general del Gobierno Regional, Marco La Rosa, cuestionado por la misma falta, goza de una aparente inmunidad y fue blindado por el Consejo Regional.
Luego que la Tercera fiscalía provincial Penal Corporativa de Huaraz, ha llevado a juicio público al alcalde de Huaraz y a diez de sus homólogos distritales. El delito es la designación ilegal de cargo y falsedad genérica por nombrar como gerente del Instituto Vial Provincial (IVP) a un funcionario que no cumplía con el requisito indispensable de tener una maestría. Para la fiscalía, la ley es clara y los alcaldes la vulneraron, por lo que enfrentan un pedido de hasta cinco años de prisión efectiva.
El fiscal Renato Arapa ha sido enfático al señalar que el manual de perfiles de puestos es la única norma válida y que luchará para demostrar la responsabilidad de cada autoridad. Un acto de defensa de la legalidad que sería digno de aplauso si se aplicara con la misma vehemencia en todos los niveles.
Paradójicamente, mientras la fiscalía afila su espada contra los alcaldes, parece guardar un silencio cómplice o de doble moral ante un caso de similares características, pero más delicado, que involucra a un pez mucho más gordo y grande y se trata del gerente general regional, Marco La Rosa. Su designación ha sido duramente cuestionada, entre otras cosas, porque no cumpliría con el perfil profesional que exige la normativa lo que se materializa en ausencia de estudio de maestría, una falta idéntica a la que tiene a los 11 alcaldes al borde de una sentencia.
Este cuestionamiento fue uno de los puntos centrales el año pasado en una sesión del Consejo Regional, donde se debatió su remoción. Sin embargo, en un espectáculo que muchos han calificado de «blindaje político», la mayoría de los consejeros votaron en contra o en abstención, asegurando su permanencia en el cargo. Destacó la actuación del consejero Yover Montoya, quien presentó el pedido de remoción con un error técnico tan evidente que facilitó las abstenciones, un movimiento que para muchos no fue casual, considerando que el consejero cuenta con un equipo de cinco abogados.
Aquí es donde la historia se torna preocupante y la actuación de la fiscalía genera serias dudas ¿Por qué el fiscal Renato Sulmer Arapa Díaz , es tan diligentes para investigar y acusar a alcaldes de distritos y provincias, pero no muestra el mismo ímpetu para iniciar una investigación de oficio contra el gerente general regional por, presuntamente, el mismo incumplimiento?
La contradicción es flagrante. Para los alcaldes, el manual de perfiles es ley sagrada; para el gerente regional, parece ser letra muerta. Para los primeros, se pide cárcel; para el segundo, hay un silencio que alimenta las sospechas de una justicia selectiva, una «ley del embudo» donde la norma es ancha para los amigos del poder y angosta para los demás.
Esta doble moral no solo socava la credibilidad del Ministerio Público como defensor de la legalidad, sino que envía un mensaje peligroso a la ciudadanía que en Áncash, la aplicación de la ley podría depender más del cargo que se ocupa que de la falta que se comete. Mientras once alcaldes se preparan para un juicio que podría terminar con sus carreras políticas, el gerente regional, arropado por sus aliados en el consejo, sigue en su puesto, inmune a las investigaciones que a otros les cuestan la libertad. La ciudadanía observa y espera que la balanza de la justicia recupere el equilibrio.
