La fiscal de Derechos Humanos e Interculturalidad del Santa y Áncash, Dra. Ada Príncipe Asensios, reveló con preocupación que los siete trabajadores del INPE Huaraz denunciados por presuntamente haber torturado a una interna en 2024 continúan laborando sin restricción alguna dentro del penal, pese a la gravedad de las acusaciones.
Según informó, las audiencias programadas sobre el caso han sido postergadas en varias ocasiones, y recién mañana, miércoles feriado, se llevará a cabo la tercera audiencia, en la que su despacho insistirá nuevamente en el pedido de prisión preventiva para los siete acusados.
La fiscal expresó su alarma debido a que los denunciados mantienen contacto directo con testigos clave del caso —todas mujeres internas del penal—, quienes han reportado amenazas y advertencias por parte de los presuntos agresores.
“Esta situación pone en riesgo la integridad de las testigos y compromete el desarrollo justo del proceso judicial”, advirtió.
Además, señaló que su despacho ha oficiado al máximo ente del INPE solicitando la rotación inmediata de los implicados a otros establecimientos penitenciarios. Sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta formal.
Finalmente, la fiscal Príncipe pidió que el juez a cargo del caso, magistrado Vargas, actúe con firmeza y atención, a fin de que se haga justicia por la mujer presuntamente torturada y se garantice la protección de las testigos.
