Momentos de tensión y dolor se vivieron en los exteriores del Establecimiento Penitenciario de Huaraz, mientras un grupo de internos era trasladado al penal de Ancón II, en Lima, bajo una disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Entre lágrimas, gritos y reclamos, familiares de los internos denunciaron públicamente un presunto abuso de autoridad, asegurando que el traslado se habría producido luego de que sus seres queridos denunciaran supuestos maltratos dentro del establecimiento penitenciario.
Entre los internos trasladados se encuentran Jhonatan Abraham Morales Cruz, sentenciado a 28 años por secuestro extorsivo; Dante Osmar Mariños Soto, sentenciado a 11 años por robo agravado y banda criminal; Yancarlos Gabriel Ventura Zambrano; David Pérez Pinedo; Ronald Cocha Milla; Jean Karlo Barrantes Ruiz; Jesús Víctor Torkowsky Moreno; Jhon Leny Salazar Atusparia; Marco Antonio Salazar Atusparia; Antonio Guilberto Villacaqui Ramírez y Herber Nixon Toledo Fernández.
Los familiares sostuvieron que, al conocer el traslado, solicitaron la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos, cuyos representantes acudieron al establecimiento penitenciario para verificar la situación y tratar de garantizar que la diligencia se desarrollara dentro del marco legal.
Sin embargo, pese a las gestiones realizadas, no se logró impedir la salida de los internos, quienes finalmente fueron conducidos hacia Ancón II, en Lima.
La escena fue especialmente dolorosa para algunas madres y familiares, quienes aseguraron que el traslado a Lima representa un golpe económico prácticamente imposible de afrontar.
“Ya no vamos a poder visitar a nuestros hijos”, expresaron entre lágrimas, señalando que no cuentan con los recursos económicos suficientes para viajar constantemente a Lima, además de afrontar los gastos relacionados con la defensa legal de sus familiares.
Los denunciantes también manifestaron su preocupación porque, al encontrarse los internos lejos de Huaraz, se dificultaría el contacto con sus familias y el seguimiento de sus procesos judiciales.
Hasta el momento, las acusaciones de los familiares sobre un presunto traslado como represalia por denunciar maltratos deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes. El INPE, por su parte, sostiene que el traslado responde a razones de seguridad penitenciaria.
La situación deja abierta una investigación que deberá determinar si existieron actos de maltrato dentro del penal, si el traslado respondió exclusivamente a razones de seguridad o si, como denuncian los familiares, hubo alguna relación con las quejas presentadas por los internos.
Mientras tanto, las familias quedaron en Huaraz entre lágrimas y preocupación, enfrentando una nueva realidad: tener que viajar cientos de kilómetros para poder ver a sus seres queridos privados de libertad.
