Una inversión destinada a modernizar la salud en Huaraz ha quedado expuesta a serias dudas administrativas tras revelarse que el Gobierno Regional de Áncash procedió con el pago total por la adquisición de un tomógrafo computarizado multicorte sin haber asegurado que el personal médico supiera utilizarlo. Según el Informe de Control Concurrente N° 051-2025-OCI/5332-SCC, emitido por la Contraloría General de la República, los funcionarios de la entidad regional desembolsaron más de dos millones y medio de soles a favor de la empresa CYMED Medical S.A.C., a pesar de que esta no entregó la documentación crítica que acreditaba el entrenamiento y la capacitación técnica necesaria para la operación y mantenimiento del costoso equipo instalado en el Establecimiento de Salud Víctor Ramos Guardia.
El proyecto, valorizado en un monto contractual total de S/ 3 889 000,00, tenía como objetivo no solo la infraestructura complementaria sino la puesta en marcha de tecnología vital para el diagnóstico médico en la provincia. Sin embargo, la revisión efectuada por la comisión de control entre el 4 y el 10 de diciembre de 2025 destapó que la gestión regional pasó por alto sus propias reglas. Las Bases Integradas Definitivas del procedimiento de selección establecían requisitos ineludibles para el pago final; entre ellos, la presentación de videos de capacitación en formatos DVD o USB y la entrega de certificados oficiales para cada participante, documentos que debían detallar horas lectivas y datos técnicos. Pese a la claridad de estas exigencias, el 13 de octubre de 2025, la Entidad giró el pago del saldo por S/ 2 605 630,00, completando así la transferencia de recursos públicos sin tener en mano la evidencia de que el servicio se había cumplido a cabalidad.
La gravedad del asunto radica en la omisión de documentos específicos que garantizan la sostenibilidad de la inversión. Durante la fiscalización se detectó la ausencia de los Formatos N° 08 y N° 10, correspondientes a los programas de capacitación de usuario y entrenamiento técnico especializado, así como los Formatos N° 09 y N° 11, que constituyen las constancias de que dicha capacitación fue efectivamente impartida al personal del hospital. Tampoco se halló rastro de los dos juegos de videos que debían instruir sobre la operación, conservación y cuidados del tomógrafo. Esta falta de documentación no es un mero trámite burocrático, sino que genera un riesgo directo de uso inadecuado del equipo, lo que podría derivar en desperfectos prematuros y en la imposibilidad de brindar un servicio continuo a los pacientes, desvirtuando el propósito de la millonaria compra.
Resulta contradictorio que, aunque la apoderada de la empresa contratista remitió una carta el 9 de septiembre de 2025 adjuntando supuesta documentación para la recepción, la verificación posterior confirmó que los archivos relacionados con la capacitación no estaban adjuntos o estaban incompletos. A pesar de este vacío informativo, el área usuaria y los responsables administrativos dieron su conformidad, validando una prestación que, en los papeles, figuraba como incompleta. La inobservancia de la normativa aplicable y de las cláusulas contractuales por parte del Gobierno Regional de Áncash pone en evidencia una gestión que priorizó el trámite de pago sobre el aseguramiento de la calidad y la funcionalidad real del equipamiento médico.
El informe, que ya ha sido notificado al titular de la entidad, exige acciones inmediatas para subsanar esta situación adversa que compromete el patrimonio estatal y la salud pública de Huaraz. Mientras tanto, el tomógrafo permanece en el centro de una controversia administrativa, pagado en su totalidad, pero sin la certeza documental de que existan manos calificadas y certificadas para operarlo bajo los estándares que la ley y el contrato exigían.
