La Contraloría General de la República del Perú ha emitido un contundente informe tras una visita de control realizada entre el 13 y el 17 de abril de 2026 al Gobierno Regional de Áncash. El documento expone una serie de preocupantes hallazgos técnicos y financieros en el proyecto de creación del servicio de transitabilidad vial que conecta los sectores de Ashnucancha y Tactash, ubicados en el distrito de Yanama, provincia de Yungay. La obra, que fue adjudicada al Consorcio Ashnucancha por un monto de S/ 3,993 524 millones había sido declarada como culminada al 100% en agosto de 2025; sin embargo, la realidad física del proyecto dista abismalmente de lo que se documentó y pagó en el papel.
El hallazgo más grave documentado por los auditores señala que la empresa contratista cobró por volúmenes de trabajo que jamás se llevaron a cabo, afectando directamente los recursos del Estado. Al tratarse de un contrato bajo el sistema de «precios unitarios», la normativa vigente exige de manera estricta que solo se pague por las cantidades reales de las labores físicamente ejecutadas en el terreno. A pesar de esta regla, el consorcio reportó y facturó la totalidad de los trabajos de movimiento de tierras. Los inspectores constataron en el lugar que, mientras los planos exigían realizar cortes de terreno en ambos lados de la vía para asegurar su estabilidad, en la realidad solo se hicieron cortes en un lado, lo que significa que movieron una cantidad de tierra significativamente menor a la que cobraron.
Esta misma práctica irregular se repitió en la construcción de las alcantarillas de la carretera. Los documentos técnicos del proyecto ordenaban que los muros de concreto de estas estructuras de drenaje debían tener un grosor de veinte centímetros para garantizar su resistencia. No obstante, la minuciosa inspección evidenció que los muros construidos apenas alcanzan los quince centímetros de espesor. A pesar de entregar una obra con menos material del exigido, el consorcio cobró como si hubiera cumplido con las medidas originales, una acción que fue inexplicablemente aprobada por la supervisión del proyecto. Además, la contratista recibió pagos por la eliminación total del material excedente generado por las excavaciones hacia botaderos autorizados; sin embargo, las fotografías del informe demuestran que grandes volúmenes de tierra y enormes rocas fueron simplemente abandonados a los lados de la carretera y en los taludes, incumpliendo por completo sus obligaciones contractuales.
Sumado a los cobros cuestionables por trabajos inexistentes, la obra presenta alarmantes deficiencias de construcción que ponen en inminente riesgo a los futuros usuarios de la vía. Un claro ejemplo documentado es el muro de contención número uno, el cual presenta un hundimiento de siete centímetros y una inclinación de tres centímetros, lo que ha provocado la falla estructural de la obra. Según detalla el informe de control, este colapso se originó porque los trabajos de relleno de tierras se ejecutaron, aprobaron y pagaron sin que existieran los ensayos de laboratorio obligatorios que debían garantizar que el suelo estuviera correctamente compactado.
El estado de la superficie por donde transitarán los vehículos es igualmente crítico. Para intentar alcanzar el ancho de cuatro metros y medio exigido por el diseño original, el consorcio rellenó los bordes de la vía sin aplicar técnicas de compactación adecuadas. Como resultado directo de este mal trabajo, la carretera se está hundiendo, presenta profundas grietas y está siendo erosionada por las lluvias. En varios sectores críticos, la vía ha tomado forma de escalones o desniveles que imposibilitan el paso, provocando que material suelto caiga sobre la plataforma y dejando la carretera inhabilitada para un tránsito vehicular seguro.
El informe de control subraya que la responsabilidad de estos hechos recae tanto en el Consorcio Ashnucancha, por ejecutar deficientemente los trabajos e informar metrados irreales, como en el inspector de la obra, el ingeniero Marco Antonio López Calle, quien validó y autorizó el pago de estas valorizaciones pese a las evidentes irregularidades. Ante la gravedad de los hechos, el Órgano de Control Institucional ha notificado formalmente este informe al actual gobernador regional de Áncash, Fabian Koki Noriega Brito, exigiéndole que en un plazo máximo e improrrogable de cinco días hábiles comunique las acciones correctivas inmediatas que tomará su administración para salvaguardar la obra y determinar las responsabilidades legales que correspondan.
