Un nuevo escándalo de corrupción ha estallado en el Gobierno Regional de Ancash, poniendo en tela de juicio la integridad de sus altos funcionarios. El protagonista de esta vergonzosa historia es nada menos que Yover Alex Montoya Castillo, actual Consejero Regional por Recuay y Consejero Delegado 2025, quien habría favorecido a su propia empresa que fundó el 2015 en un contrato municipal dentro de Áncash, en flagrante violación de la Ley de Contrataciones del Estado.
¿Coincidencia?
La cuestionada empresa, CONCEPTOS & SM S.A.C. con RUC 20600608496, acaba de ser beneficiada con un pago por más de S/ 17,000 soles en la Municipalidad Distrital de Pariacoto. Este monto representa un aumento significativo en comparación con los contratos anteriores de la empresa, que rondaban los S/ 6,000 y S/ 8,000 soles anuales, coincidiendo sospechosamente con su elección como Consejero Delegado.
No hay salvación
Lo más grave es que este contrato viola el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, que prohíbe explícitamente a los consejeros regionales contratar con entidades dentro de su ámbito de competencia territorial (esto significa en todo Áncash). Esta prohibición se extiende incluso a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, lo que significa que el intento de Montoya de transferir la titularidad de la empresa a su hermano, Edwin Edison Montoya Castillo, no lo salva de responsabilidad legal. Sin embargo, según el portal de OSCE el gerente sigue siendo hasta la actualidad el consejero regional Yover Montoya.
Consejero en campaña
La cronología de esta denuncia es particularmente sospechosa, ya que Montoya recientemente se afilió a Acción Popular el 7 de octubre de 2024, aparentemente con miras a postularse como alcalde de Recuay lo que para mucho significa que estamos ante un presunto caso de recaudación de fondos desesperada para financiar ambiciones políticas futuras.
Negociación incompatible
Para algunos abogados, si la Fiscalía de Ancash realiza un trabajo oportuno, estaríamos ante un presunto delito de negociación incompatible, del que Montoya podría ser acusado y sentenciado, conllevando a una pena de hasta 6 años de prisión de encontrar responsabilidad.
Este escándalo no solo mancha la reputación de Montoya, sino que arroja una sombra de duda sobre todo el Gobierno Regional de Ancash ¿Cuántos más están aprovechando sus cargos para enriquecerse a costa del erario público? Es hora de que las autoridades tomen cartas en el asunto y limpien de una vez por todas la corrupción enquistada en nuestras instituciones.
Sin salida
Es importante destacar que, aunque la nueva Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N° 32069) y su reglamento entrarán en vigencia el 22 de abril de 2025, las acciones de Yover Montoya Castillo se evalúan bajo la legislación vigente hasta ese momento. La entrada en vigencia de la nueva ley no exime de responsabilidad a quienes han incurrido en irregularidades bajo la normativa actual.
