La continuidad de las aspiraciones políticas de Juntos por el Perú en la región Áncash ha quedado bajo una sombra de incertidumbre legal que pone en riesgo incluso la postulación de figuras vinculadas al entorno del actual congresista Elías Varas. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huaraz ha emitido dos resoluciones contundentes, la N° 00926-2025 y la N° 00951-2025, que desnudan una gestión administrativa deficiente por parte del personero legal Carlos Adeval Zafra Flores. Las observaciones no son meros formalismos, sino cuestionamientos directos a la validez de su democracia interna y al cumplimiento de leyes electorales básicas que todo partido con representación parlamentaria debería dominar.
El primer golpe contra la organización liderada en el papel por Zafra Flores surge en la lista al Senado. El organismo electoral detectó que el acta de conformación de la lista carece de validez institucional debido a un «protagonismo solitario» que vulnera sus propios estatutos. Según el reglamento partidario, el Comité Nacional Electoral debe estar integrado por tres miembros; sin embargo, el documento presentado solo cuenta con la firma del presidente de dicho comité, omitiendo no solo las rúbricas de los otros dos integrantes, sino también el número de DNI del único firmante. Esta orfandad documental en el Órgano Electoral Partidario ha sido calificada como una inobservancia grave, dejando la inscripción de la lista senatorial en un estado de inadmisibilidad que pone a correr el reloj contra el partido.
La situación se agrava en la lista para la Cámara de Diputados, donde el JEE de Huaraz ha identificado una irregularidad que roza el fraude a la voluntad de sus propios militantes. Al contrastar el acta de elecciones primarias con la solicitud de inscripción, el Jurado descubrió una discrepancia inaceptable: mientras que en las primarias resultó elegido Luis Abraham Gomero Osorio, el personero legal intentó inscribir en su lugar a Luis Edgar Maguiña Villarreal. Este «cambio de fichas» de último minuto impide corroborar la correcta determinación de la voluntad de la organización política y constituye una vulneración directa a los resultados de la democracia interna, un error que la norma electoral castiga con severidad si no se ofrece una aclaración técnica impecable.
A este desorden en las designaciones se suma la negligencia en la documentación personal de candidatos que actualmente perciben sueldos del Estado. José Antonio Monzón Mendoza, quien se desempeña como asesor en el Congreso de la República, y Nataly Isabel Quezada Gonzales, trabajadora del Ministerio de Salud, omitieron presentar el cargo de su solicitud de licencia sin goce de haber. La ley es tajante al exigir este documento para garantizar que no se utilicen recursos públicos en campaña, pero los responsables de JP parecen haber ignorado este requisito fundamental. Esta falta de rigor expone a los candidatos a una exclusión definitiva, ya que el cumplimiento de la función pública es incompatible con la candidatura si no se acredita el cese temporal de labores antes de la fecha límite.
Con un plazo perentorio de solo dos días calendario para subsanar estas fallas, Juntos por el Perú enfrenta su hora más crítica en estas elecciones 2026. La acumulación de omisiones —que van desde firmas faltantes hasta la alteración de resultados de sus propias elecciones internas— deja la impresión de una estructura partidaria sobrepasada por la burocracia electoral. De no corregir estos vicios de manera inmediata, la lista que encabeza Jefferson Varas Seguin y el resto de los aspirantes quedarán fuera de la carrera, confirmando que, en política, la falta de orden administrativo puede ser tan letal como la falta de votos.
